La muerte de unos 15.000 perros callejeros en una perrera privada en Rumanía en solo dos años ha sacudido al país balcánico y ha puesto el foco en un sistema marcado por la polémica. El caso no solo revela episodios de crueldad extrema, sino también posibles irregularidades en la gestión de fondos públicos destinados al control de estos animales.
Este escándalo ha devuelto a la actualidad un problema estructural que se arrastra desde hace décadas. En total, se estima que en los últimos 25 años se han sacrificado alrededor de 1,5 millones de perros en el país, una cifra que evidencia la magnitud del fenómeno.
El origen del problema se remonta a la época comunista (1945-1989), cuando la demolición de barrios enteros para construir bloques de viviendas provocó que muchos propietarios abandonaran a sus animales. Desde entonces, la población de perros callejeros ha crecido sin control.
En la actualidad, las estimaciones sitúan en alrededor de medio millón el número de perros sin dueño en Rumanía, pese a las campañas combinadas de captura, esterilización y sacrificio que se han llevado a cabo durante años sin lograr una solución definitiva.
Imágenes que desatan la indignación
La indignación más reciente estalló tras la difusión en redes sociales de imágenes grabadas en un centro de Suraia, en el este del país. En ellas se mostraban actos de extrema violencia, con perros torturados brutalmente y dejados agonizar hasta la muerte.
Estos hechos han provocado una fuerte reacción social en un país donde matar o torturar a un animal puede castigarse con penas de hasta siete años de prisión. La perrera implicada ya ha sido clausurada mientras avanza la investigación policial. Además, una petición que reclama el fin de estas prácticas ha sido firmada por más de 200.000 personas, reflejando el creciente rechazo ciudadano ante este tipo de situaciones.
Un sistema que incentiva el sacrificio
La perrera de Suraia había firmado más de un centenar de contratos con municipios para recoger perros callejeros. Según se ha denunciado, para dejar espacio a nuevos animales, sacrificaba en poco tiempo al 80 % de los que recibía, a pesar de que la ley prohíbe matar animales en centros privados.
Políticos, activistas y organizaciones de defensa animal advierten de que este caso no es aislado, sino que responde a un sistema que, durante años, ha sido acusado de incentivar económicamente el sacrificio de perros.
En Rumanía, los ayuntamientos gestionan a los animales callejeros a través de refugios públicos o subcontratas privadas, en un modelo que mueve decenas de millones de euros al año.
Irregularidades y denuncias desde el Parlamento
Un informe parlamentario elaborado por la diputada independiente Aurora Tasica Simu denuncia graves irregularidades, incluyendo maltratos y posibles abusos por parte de responsables locales y gestores de refugios. El documento, presentado en septiembre tras inspecciones a varios centros, describe instalaciones con perros en los huesos y cachorros abandonados sin agua, lo que refuerza las denuncias de organizaciones animalistas.
El informe también pone cifras al problema: en los últimos 25 años se habrían gastado más de mil millones de euros en sacrificar a esos 1,5 millones de perros, lo que equivale a casi siete animales cada hora. Según la diputada, con esos recursos se podría haber esterilizado a 25 millones de animales, lo que habría permitido atajar el problema desde la raíz. “Hay que investigar los centros de exterminio de animales indefensos, financiados con fondos públicos”, reclamó Tasica Simu en declaraciones en Bucarest.
Esterilización frente a sacrificio
La legislación rumana establece que los perros encontrados en la calle deben ser trasladados a refugios, donde se les debe identificar, esterilizar, vacunar, devolver a sus dueños o dar en adopción. El sacrificio solo debe aplicarse como último recurso, tras un plazo mínimo de 14 días y únicamente si no hay espacio ni recursos para mantenerlos.
Sin embargo, organizaciones animalistas denuncian que esta norma no siempre se cumple. “Hay muchos abusos y hablamos de muertes. Por eso pedimos a las autoridades que reemplacen la eutanasia por una esterilización masiva y que hagan controles en los refugios”, señaló Ioana Cosma, presidenta de la Asociación Justicia para los Animales.
En la misma línea, Andra Darau, representante de la asociación Kola Kariola, defendió que la solución pasa por una estrategia sostenida: “La solución no es atrapar y matar al perro. Tenemos que esterilizarlos y empezar una campaña real”. Según explicó, si los animales fueran esterilizados y registrados con microchip, el problema podría desaparecer en un plazo máximo de seis años.
Un problema que sigue creciendo
Datos recopilados por asociaciones indican que en la última década más de 200.000 perros callejeros murieron o fueron sacrificados en refugios de todo el país, lo que evidencia la persistencia del problema. Frente a esta situación, algunos voluntarios tratan de ofrecer alternativas.
Es el caso de Gabriela Grecu, que desde 2013 ha rescatado a 120 perros y ha conseguido encontrar hogar para muchos de ellos. “Las redes sociales sirven también para esto, para encontrar a alguien que quiera cuidar de una mascota”, destaca, subrayando el papel de la ciudadanía en la búsqueda de soluciones.