La Fiscalía de Barcelona ha solicitado una pena de 107 años de prisión para un electricista de 45 años acusado de captar a una menor de 12 años a través de redes sociales, violarla en repetidas ocasiones y posteriormente ofrecerla a otros 16 hombres para que abusaran sexualmente de ella mientras grababa los ataques. Los hechos, ocurridos entre mayo de 2020 y octubre de 2021, fueron documentados en un escrito de acusación adelantado por SER Catalunya.
Según el Ministerio Público, el acusado contactó inicialmente con la víctima a través de la plataforma Badoo y luego mantuvo comunicación con ella mediante Hangouts e Instagram, donde le exigía fotografías de carácter sexual. La niña, que se encontraba bajo la tutela de la Dirección General de Atención a la Infancia (DGAIA) debido a una situación de acoso escolar y familiar, presentaba "baja autoestima" y una vulnerabilidad agravada por la enfermedad de su madre.
Tras una fase de manipulación en línea, el acusado convenció a la menor para que se fugara de su centro de acogida y la recogía en el centro comercial Finestrelles de Esplugues de Llobregat. A partir de ese momento, la llevaba a su domicilio, donde abusaba de ella y grababa los encuentros. Las imágenes eran luego distribuidas en redes sociales, según detalla la fiscalía.
El acusado no solo perpetró las agresiones, sino que también utilizó a la niña como "reclamo sexual" en internet para atraer a otros hombres. Según el escrito, organizaba encuentros en los que la menor era violada por terceros en su presencia, con el objetivo de "satisfacer su ánimo lúbrico". Todas las agresiones fueron grabadas sistemáticamente por el electricista.
Los Mossos d'Esquadra intervinieron tras una denuncia de la víctima y allanaron el domicilio del acusado en junio de 2022. Durante el registro, hallaron numerosos archivos audiovisuales que confirmaban los abusos y permitieron identificar a otros 16 implicados, quienes también fueron detenidos.
Juzgado en solitario
El electricista será juzgado en solitario por los delitos de abuso sexual, corrupción de menores, producción y distribución de material pornográfico infantil y prostitución coercitiva. Los otros 16 hombres están siendo investigados en un caso separado.
La fiscalía subraya la "extrema crueldad" del caso, en el que el acusado aprovechó la vulnerabilidad de la menor para someterla a un "sistema de explotación sexual" grabado y difundido. Las pruebas audiovisuales, obtenidas por los Mossos, son determinantes para sustentar la acusación.
El juicio se enmarca en un contexto de aumento de delitos sexuales contra menores en entornos digitales. Autoridades catalanas han reiterado la necesidad de reforzar la vigilancia en plataformas sociales y centros de protección para evitar casos similares.
