El Pleno del Congreso ha respaldado este jueves el decreto ley del Gobierno que prohíbe la navegación de las embarcaciones conocidas como 'narcolanchas' tras detectar que las mafias las usan para el contrabando de drogas y de personas.
Esta medida, aprobada en el Consejo de Ministros el pasado octubre, afecta a las embarcaciones de más de ocho metros de eslora o que cuenten con una potencia superior a 150 kilovatios, así como a cualquier otra embarcación, con independencia de dimensiones y potencia, si existen indicios racionales enumerados en la propia regulación de que pueden ser utilizadas para cometer o facilitar la comisión de un delito de contrabando.
El Ejecutivo establece en este decreto ley una serie de excepciones para lanchas adscritas a la defensa nacional, los buques o embarcaciones de Estado extranjeras que se encuentren legalmente en aguas españolas, las embarcaciones del Estado y administraciones territoriales o las adscritas a organizaciones internacionales reconocidas como tales en España.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido el texto en el Congreso, señalando su importancia a la hora de dotar a las fuerzas y cuerpos de seguridad para una "mayor eficacia" en su trabajo. Además, permite revertir la sensación de impunidad que tiene la gente sobre esta materia, especialmente, la de la costa gaditana que ha visto en ocasiones como se descargaba un alijo de drogas mientras ellos estaban en la playa.
La "culminación" del trabajo del PP
Esta situación, según ha precisado la ministra, también genera desánimo de los cuerpos y fuerzas de seguridad que necesitan instrumentos adicionales para poder cumplir con su trabajo. El representante del PSOE, Antonio Hurtado, ha celebrado la decisión del Gobierno de tomar medidas urgentes en esta materia en un tema de gran importancia para el Campo de Gibraltar (Cádiz), una comarca que, según ha señalado, "tiene minado su progreso" por culpa del narcotráfico y del contrabando de personas.
A su juicio, es una decisión de "solidaridad" con la localidad, pero también de "responsabilidad" porque, según ha recordado, el PP se comprometió a actuar en esta materia cuando estaba en la Moncloa, unas promesas que, según ha denunciado, "se quedaron en meros anuncios". No lo cree así el PP, que ve en esta medida es una "culminación" del trabajo del partido mientras estuvo en el Ejecutivo, ya que, según ha explicado la portavoz 'popular' en esta materia, María José García-Pelayo, el equipo del expresidente Mariano Rajoy ya había iniciado los trabajos en este sentido. Aún así, y a pesar del apoyo de los 'populares' a este decreto ley, el texto "no es suficiente".
Para García-Pelayo, el Gobierno debe "espabilar" para "mover ficha" en favor del Campo de Gibraltar y no sólo para frenar estos problemas. "Necesitamos un Campo de Gibraltar fuerte, que progrese en empleo e igualdad de oportunidad y, por tanto, en calidad de vida", ha apuntado, para señalar que, más policía sí, pero también "más derechos" para sus habitantes.
De forma similar se ha expresado el portavoz de Interior de Podemos, Juan Antonio Delgado. Según ha indicado, en la localidad gaditana están "hartos" de ser protagonistas de las páginas de sucesos y ha ofrecido al Gobierno su apoyo para elaborar un Plan Integral que mejore la situación de la zona. Delgado considera que ésta es la mejor medida contra el narcotráfico y la trata de personas, y no un decreto que, a su juicio, está "vacío" y no va "a la raíz del problema" en una comarca mermada por la "falta de trabajo". Aún así, los 'morados' han mostrado su apoyo al texto del Ejecutivo.
Algunos criterios a aclarar
Sí considera necesaria esta prohibición Ciudadanos. Su portavoz en este debate, Guillermo Díaz, ha celebrado esta acción del Gobierno que evitará, además de la práctica de el tráfico de drogas y de seres humanos, los riesgos que suponen estas embarcaciones de alta potencia en zonas en las que hay público, bañistas o otras embarcaciones de recreo.
El PNV, que ha adelantado su voto favorable, ha defendido la tramitación de este texto como un proyecto de ley ya que, a su juicio, hay términos y actuaciones que no quedan claros y se deben esclarecer correctamente, ya que se trata de una regulación con consecuencias penales y podría implicar inseguridad jurídica.
El portavoz de PDeCAT, Feliu Guillaumes, ha mostrado también el apoyo de su formación a este decreto aunque ha reconocido que le habría gustado que, por parte del Gobierno, se hubieran facilitado más estudios que avalasen esta decisión. También Foro ha apoyado todas las medidas que se incluyen en este decreto, adelantando, su portavoz parlamentario Isidro Martínez Oblanca, su respaldo al decreto ley.
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