El profesorado de la educación pública de la provincia de Cádiz ha vuelto a alzar la voz para denunciar las duras huellas que deja la crisis sanitaria en las aulas de los centros gaditanos, tras un par de semanas desde el regreso a la presencia física en las aulas. Después de que el pasado 18 de septiembre la huelga educativa manifestara un panorama complejo, marcado entre otras cosas por la denuncia de ratios ilegales en más de una treintena de centros. El incumplimiento de la normativa, en plena segunda oleada del covid, está a la orden del día.
Así lo ha expresado María Jesús de León, presidenta de la Junta de Personal Docente no Universitario de Cádiz, donde están representadas las organizaciones sindicales CCOO, CSIF, ANPE, CGT, UGT y APIA, que se ha plantado este miércoles en la Inspección de Trabajo de Cádiz para denunciar las condiciones que están soportando en los centros. La también delegada sindical de Ustea Cádiz ha presentado una segunda denuncia.
Los docentes no se rinden e insisten en que la Delegación Territorial de Educación de Cádiz y su servicio de planificación “ha hecho de la excepción, norma”. Así, ponen de manifiesto “la sistemática superación de la ratio en multitud de centros de toda la provincia que pone en riesgo la salud y la vida de toda la comunidad educativa, sus familias y la sociedad en general”, comenta De León.
La legislación establece que en Educación Infantil, Primaria y Educación Especial cada unidad escolar contará con un máximo de 25 alumnos, en la ESO, 30 y en Bachillerato y FP, 35. Sin embargo las clases de los centros revelan un número de mayor de estudiantes y la consecuente imposibilidad de mantener la distancia de seguridad. “Esto se convierte en un atentado contra la salud pública al estar el alumnado en sitios cerrados, es una barbaridad en tiempos de pandemia”, expresa la docente, que ha recogido en la denuncia casos de centros de toda la provincia.
Según la demanda, en Cádiz capital existen cinco centros afectados como el CEIP Reyes Católicos, que presenta una ratio de 27 alumnos y su profesora con discapacidad motórica no puede desplazarse con su silla de ruedas al no haber espacio. Otros como el IES San Severiano y Cornelio Balbo tienen 38 y 37 estudiantes respectivamente en 1º de Bachillerato.
Los casos se repiten en El Puerto donde el IES Juan Lara tiene una clase de 2º de Bachillerato con 39 jóvenes o en el IES Isla de León de San Fernando con dos grupos de Bachillerato de 38 personas. En Jerez las ratios se disparan al igual que en Puerto Real donde los 33 alumnos de 2º de Bachillerato del IES Manuel de Falla no pueden mantener la distancia, aunque se cumpla la ratio.
“Esto demuestra que las ratios legales son excesivas en estos momentos de pandemia”, dice la presidenta que lamenta que “solo sean la punta del iceberg de lo que está ocurriendo, estamos hablando de infraestructuras donde no siempre se pueden ventilar las aulas, tenemos edificios donde las ventanas están altísimas, muchas situaciones complejas y variadas”.
Pero esta vez, la denuncia no solo incluye a las ratios ilegales, sino también otras vulneraciones de derechos de los docentes a las que se enfrentan cada día. Según sostiene la representante sindical, “no se está reconociendo la condición de vulnerabilidad del profesorado que padece enfermedades de riesgo recogida en la legislación”, entre ellas, diabetes, cáncer o hipertensión. A muchos de estos profesores “la propia Inspección de educación les ha obligado a acudir a los centros, a su puesto de trabajo con mascarillas”, explica María Jesús con indignación.
La Junta de Personal Docente no Universitario de Cádiz también ha plasmado en su queja el hecho de que muchos profesores andaluces se hayan incorporado antes de haberse realizado las pruebas “cuya fiabilidad está discutida por muchos especialistas y no solo se está jugando con la educación sino también con la salud”.
A su vez, el profesorado gaditano declara la falta de supervisión de los protocolos covid, que han tenido que elaborar los directivos en sus vacaciones. “En teoría eso lo debería de revisar el servicio de prevención de riesgos laborales de la Delegación de Educación pero como no hay gente suficiente para hacer eso en toda la provincia, se ha delegado y nadie va a supervisarlo, cada centro lo ha hecho a su manera y como ha considerado”, detalla María Jesús que muestra su preocupación porque ningún “especialista en salud pública ha revisado nada y hemos entrado en los centros sin saber realmente si lo que se ha hecho es suficiente”.
La organización y la adaptación de los colegios e institutos a la pandemia supuso un quebradero de cabeza a los directivos y profesores que les llevó a trabajar durante “jornadas titánicas de 12 horas, fines de semana incluidos y algunos están empezando a enfermar como la directora del IES San Severiano ahora mismo de baja por una situación de estrés continuado ante la falta de descanso, es una cosa de vergüenza realmente”.
El personal está “estresado y agotado” porque se ha tenido que hacer cargo de funciones añadidas, “esto ha sido el colmo”, comenta María Jesús que califica esta situación de “deseperante”.
Asimismo, “hemos denunciado a aquellos centros que han elegido modalidades semipresenciales porque están duplicando la jornada laboral al profesorado”, dice la docente que seguirá luchando sin descanso en representación de los profesores de la provincia.
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