Gloria H.S. tuvo que pedir un préstamo familiar para pagar los 65.000 euros que aportó al proyecto. Antonio C. hipotecó la casa de sus padres —“que se derrumbaron”— para abonar otros 65.000 euros, David S. pidió un préstamo a su abuelo y a sus padres —que todavía está pagando— para poder aportar otros 65.000 euros, esperando que su hija pudiera estudiar en el centro. Son algunas de la decena de historias que están detrás del fallido Centro Educativo Jerez, que captó más de 600.000 euros de prestamistas privados, que esperaban trabajar en el proyecto.
“Las instalaciones de Iberdrola y los ordenadores de Apple daban confianza”, han testificado algunos de los perjudicados durante el juicio. La sentencia, emitida el 3 de septiembre por la Audiencia Provincial de Cádiz, condena a los promotores a tres años y seis meses de prisión y a pagar una multa de seis euros diarios durante seis meses —algo más de 1.000 euros— por un delito de estafa, un fallo del que ha informado en primicia el periodista Francisco Méndez de Canal Sur Radio.
Los hechos se remontan a 2011, cuando los impulsores, marido y mujer, deciden poner en marcha el Centro Educativo Jerez, llevando a cabo “todas las actividades necesarias, gestión, contratación, negociación, captación de inversores, publicidad”, como recoge la sentencia de la Audiencia Provincial, a la que ha tenido acceso lavozdelsur.es. Para ello se financiaron con préstamos privados que, hasta una decena de personas, aportaron con cantidades que oscilan entre los 35.000 y los 65.000 euros, sumando más de 600.000 euros.
El contrato suscrito entre los afectados y los promotores del proyecto se realizó a través de la entidad Excellentia And Education, S.L. —en la actualidad, extinguida— que establecía que abonaban estas cantidades en concepto de préstamos participativos, por lo que los prestamistas serían contratados en el centro, como docentes o realizando otras labores, una vez abriera sus puertas. Nunca lo hizo.
Un 10% de las aportaciones de los inversores —no recuperable— se destinaban a gastos de gestión para la puesta en marcha del Centro Educativo Jerez y el resto para la creación del centro, pudiéndose recuperar a través del préstamo participativo. Las cantidades captadas se emplearon en redactar el proyecto, abonar los honorarios al arquitecto que se encargó de ello, solicitar licencias, pagar tasas, impartir cursos de formación y en financiar campañas de publicidad en medios de comunicación, como recoge la sentencia.
Iberdrola rescindió el contrato y se quedaron sin sede a los dos meses
El Centro Educativo Jerez iba a tener su sede en un edificio situado en el Parque Empresarial, propiedad de Inmobiliaria Iberdrola —una filial de la eléctrica—, que en un primer momento apostó por un proyecto que se presumía ambicioso e innovador. Fue a finales de 2012 cuando se firmó el contrato de alquiler entre Iberdrola y los promotores, pero apenas dos meses después, a mediados de febrero de 2013, la compañía eléctrica lo dio por extinguido al entender que se incumplieron una serie de cláusulas, como el abono de la fianza.
Los impulsores del centro educativo entendían que seguía vigente el acuerdo, aunque confiesan que la citada fianza no se abonó “por un error bancario”, pero la sentencia recoge que “se desconoce en qué consistió el error”. Por eso asegura que “no resulta creíble la versión de los acusados”, ya que “los burofax remitidos a los acusados por Iberdrola son “muy claros y contundentes” a la hora de acordar “la rescisión del contrato de arrendamiento al no cumplirse la condición suspensiva”.
Los impulsores del proyecto captaron inversiones después de extinguirse el contrato con Iberdrola, cuando “conocían que el proyecto era inviable”. De hecho, “en ningún momento se puso en conocimiento de los inversores ni que había querella previa por parte de anteriores inversores ni que Iberdrola había dado por resuelto unilateralmente el contrato de arrendamiento e instaba el desalojo del edificio”.
Reformas y 40.000 euros para un "famoso periodista"
Con el dinero recaudado, y a través de la sociedad Simply Arte S.L., “se contrataron trabajadores, pagaron sueldos y se realizaron obras y reformas en la vivienda particular” del matrimonio, “trasladando fondos” obtenidos a través de aportaciones de particulares, en un momento en el que el proyecto del Centro Educativo Jerez estaba “paralizado”. Además, se emplearon 40.000 euros en contratar a un “famoso periodista” para que presentara un reality televisivo.
La sentencia recoge que queda acreditado que se concertó con el arquitecto Fernando Q. la realización del proyecto básico, por lo que percibió en torno a 50.000 euros. El profesional ha declarado durante el juicio que su mujer también recibió dinero de Simply Arte por sus servicios de asesoramiento en las cuentas anuales, pero que desconocía los problemas con Iberdrola. Cuando se enteró “fue un shock”. Fernando Q. asegura que los condenados le dijeron que retomarían el proyecto en terrenos de Croft y que tenía constancia de las reformas que estaban llevando a cabo en la vivienda, donde estaban de alquiler.
En esta vivienda realizaron obras para adaptar la planta del sótano, donde pretendían “guardar los efectos cuando sean desalojados de Iberdrola”, como aseguran que les recomendó su abogado, lo que para la magistrada “significa que tienen la más completa seguridad de que en Iberdrola no se van a instalar”. El matrimonio, según prueba la sentencia, “aprovechando que tenían cinco trabajadores contratados, realizaron obras de reforma en la vivienda que ocupaban, que nada tiene que ver con el centro docente”. Él, además, vendió teléfonos y ordenadores, lo que “también acredita que eran conscientes de la inviabilidad del proyecto”.
El "ánimo defraudatorio" de los condenados
Los condenados fueron requeridos para que devolvieran los préstamos participativos a las personas que aportaron importantes cantidades al proyecto, aunque los impulsores “solo proceden a la devolución de unos meses, pese a que existía en aquel momento liquidez”, ya que consta un saldo en la entidad que ronda los 500.000 euros. Ella opta por “no entregar dicha cantidad a los perjudicados” al entender que “no había suficiente para todos”, por lo que la jueza corrobora el “ánimo defraudatorio” de los condenados.
En un primer momento, “había un propósito firme de los condenados de llevar a cabo el proyecto educativo”, ya que “solicitaron licencias en el Ayuntamiento y en la delegación de Educación, se abonaron las tasas, de hecho, aunque tardíamente, se obtuvo de la delegación un informe favorable provisional, se dieron cursos de formación y se realizaron gastos de publicidad y marketing”. Pero la sentencia considera que queda acreditado que los acusados “actuaron con engaño previo y bastante, pues utilizaron la apariencia de solvencia del edificio de Iberdrola para engañar a los clientes”.
Los perjudicados aportaron fondos al proyecto porque querían “formar parte del centro educativo, obteniendo un trabajo en el mismo”, ya que quedaron encandilados por la metodología —“era ilusionante y atractiva”— y hasta recibieron cursos de formación. Alguno de los primeros socios hasta llegaron a trabajar en el edificio de Iberdrola, “como reclamo a los padres y alumnos para el futuro centro docente”, que nunca llegó a abrir sus puertas.
Comentarios