La edad media de las víctimas de abuso sexual en entornos digitales es de 13 años y las niñas concentran la mayoría de los casos, al representar el 61% del total, según el último informe de Save the Children, que advierte además de que estos delitos han aumentado un 13% en los últimos dos años.
Las denuncias por delitos sexuales digitales contra niños y niñas superaron el millar en 2024, una cifra que la organización considera muy inferior a la realidad. "Estos datos son solo la punta del iceberg", alerta Save the Children, que señala que, según una encuesta propia, el 97 % de las personas entrevistadas aseguró haber sufrido algún tipo de violencia sexual en el entorno digital cuando eran menores de edad.
El informe, titulado Tras la pantalla: violencia sexual contra la infancia en el entorno digital, se ha difundido este jueves y se basa en el análisis de 23 sentencias correspondientes a 28 casos de agresiones sexuales online ocurridas en el periodo 2023-2024. El estudio revela que las denuncias con víctimas menores de edad representan el 84,2% del total de este tipo de delitos.
Agresores sin antecedentes y del entorno cercano
El análisis se centra exclusivamente en casos judicializados y con resolución y muestra que el perfil mayoritario del agresor es el de un hombre sin antecedentes penales. En el 41,7% de los casos procedía de un entorno conocido y en el 25% estaba vinculado al ámbito familiar, un porcentaje que supone un aumento significativo frente al 3,3% registrado en el periodo 2021-2022.
En cuanto a la edad de las víctimas, el 25% de los casos se produjo en adolescentes de entre 13 y 15 años, aunque los datos del Ministerio del Interior reflejan también un 3,6% de denuncias por abusos sexuales digitales en niños y niñas de 9 y 10 años.
Save the Children muestra una especial preocupación por la duración de los procedimientos judiciales en estos casos. Durante el periodo analizado, más del 60% de los procesos se prolongaron tres años o más, y un 14% superó los cinco años, lo que, según la ONG, agrava el impacto psicológico en las víctimas.
El informe destaca además que el 65 % de las víctimas declaró más de dos veces antes del juicio, una circunstancia que incrementa el riesgo de revictimización, tal y como subraya la directora de Influencia y Desarrollo Territorial de Save the Children, Catalina Perazzo.
"Aunque ha aumentado el uso de la grabación del testimonio, todavía no se aplica de forma sistemática", señala Perazzo, quien recuerda que la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia frente a la Violencia (LOPIVI) establece la necesidad de una justicia especializada para atender a niños, niñas y adolescentes víctimas.
Menos condenas y carencias en las medidas judiciales
Según el informe, en el 65,2% de los casos analizados el fallo judicial fue condenatorio, un porcentaje que supone un descenso notable respecto al 96,7% de condenas registrado en el periodo 2021-2022. Las absoluciones se deben principalmente a que los tribunales consideran que no concurren todos los elementos exigidos por el tipo penal.
En el 71,4% de los casos en los que se impuso pena de prisión, la duración fue superior a tres años, mientras que las penas de entre uno y dos años representaron el 14,3%. La pena accesoria de inhabilitación para trabajar con menores se aplica en la mayoría de las sentencias, aunque el informe advierte de que todavía hay resoluciones que no la incluyen.
Además, en el 42% de los casos no consta o no se menciona la aplicación de medidas cautelares, una carencia que Save the Children considera especialmente preocupante en delitos de esta gravedad.
Ante este escenario, la organización urge a ampliar el número de secciones judiciales especializadas en violencia contra la infancia, así como a reforzar las fiscalías especializadas y los equipos técnicos que apoyan a jueces y magistrados en todos los territorios.