La muerte al caer en un pozo de Julen Roselló no se ha cerrado completamente. Más de dos años después de un rescate in extremis que no pudo más que confirmar el fallecimiento del pequeño en Totalán, el dueño de la finca donde se produjeron los hechos, David Serrano, se podría enfrentar a su ingreso en prisión por el impago de las indemnizaciones pactadas cuando fue condenado como responsable del luctuoso suceso.
Entonces, un juzgado sentenció el pago de alrededor de 180.000 euros a los padres y de casi 664.000 euros a la Junta de Andalucía. A los primeros, como indemnización, y a la administración autonómica, por el coste de los trabajos por el rescate.
En aquel tiempo no llegó a celebrarse juicio. Serrano llegó a un acuerdo después de declararse insolvente y consignar 25.000 euros en el juzgado, asegurando que ese dinero procedía de otro empresario que se solidarizó, recuerda SUR. En vista de esta falta de fondos, el juzgado impuso el pago de 50 euros mensuales, pero solo habría solventado dos de esas obligaciones en 2020. En diciembre pagó el resto de la cuenta de 2020.
Así, según informa el medio malagueño, tras nuevos impagos el juzgado ha abierto procedimiento para revocar la suspensión de pena de prisión. Esto abre también otras acciones, puesto que, según el juez, Serrano es dueño de algún inmueble y fueron los padres los que aceptaron el pago de 50 euros solamente, una cifra muy inferior al montante total, como "buena fe" del condenado. Está por ver si en los próximos días se dictase el ingreso en prisión por los impagos.
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