Representantes de la Plataforma de Organizaciones Mujeres por la Abolición de la Prostitución (PAP) han registrado este 6 de marzo, en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), una ordenanza municipal tipo contra la explotación sexual de las mujeres. La iniciativa pretende ofrecer a los ayuntamientos una herramienta jurídica concreta para aplicar políticas activas de carácter abolicionista desde el ámbito local, en un momento en el que la legislación estatal sobre esta cuestión sigue sin aprobarse.
Desde la plataforma subrayan que la fecha tiene un significado simbólico dentro del movimiento feminista. En el texto presentado se afirma que “hoy, 6 de marzo de 2026, es un día que merece ser nombrado con toda la claridad que requiere la historia feminista”. La organización sostiene que la medida no pretende quedarse en un gesto simbólico, sino facilitar que los municipios puedan actuar de forma inmediata ante la explotación sexual.
Un modelo para actuar desde el ámbito local
La ordenanza abolicionista tipo registrada ante la FEMP plantea como objetivo central la defensa de los derechos de las mujeres y la erradicación del sistema prostitucional. Su planteamiento incluye medidas sancionadoras y también políticas públicas de acompañamiento, como un plan municipal de acción integral para mujeres en situación de prostitución, mecanismos de coordinación entre ayuntamientos, protocolos destinados a evitar la revictimización y acciones de sensibilización social.
El documento propone además sancionar la demanda vinculada a la prostitución. En el texto se sostiene que los consumidores y quienes se benefician económicamente de la explotación sexual constituyen “la causa principal de la existencia de la prostitución”, y plantea que las mujeres en esta situación deben ser consideradas víctimas de violencia machista dentro de las políticas públicas.
Experiencias previas y extensión del modelo
El planteamiento presentado por la PAP se apoya en experiencias previas desarrolladas en distintos municipios españoles. En el texto se menciona que ciudades como Aspe, en la Comunitat Valenciana, ya aprobaron ordenanzas abolicionistas siguiendo marcos similares, mientras que Sevilla ha aplicado iniciativas desde el ámbito local orientadas a combatir la explotación sexual. La nueva ordenanza busca extender ese modelo para que cualquier ayuntamiento del país pueda aplicarlo.
El registro de la propuesta se produce además en un contexto institucional relevante. La FEMP está presidida en la actualidad por la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, que ocupa el cargo durante el mandato 2023-2027. La coincidencia adquiere peso político porque la ciudad gaditana forma parte de la Red de Municipios Libres de Prostitución y Trata y, además, lidera el principal organismo que agrupa al municipalismo español.
El papel de Jerez y la presión de la sociedad civil
Desde la Asociación Mujeres Feministas Radicales de Andalucía (AFRA Mujeres) recuerdan que el Ayuntamiento de Jerez aprobó el 26 de julio de 2024 su adhesión a esa red tras una iniciativa impulsada desde la sociedad civil. En el texto se destaca que el proceso fue “una victoria construida desde la sociedad civil, desde el feminismo radical, desde la convicción de que las instituciones deben responder a las mujeres”.
La organización sostiene que la ciudad cuenta ahora con un contexto político favorable para avanzar en la adopción de medidas concretas. Según señalan, Jerez “tiene ya el marco político”, además de su adhesión a la red y el trabajo realizado en el I Foro Abolicionista. En esa línea, consideran que los municipios “no necesitan esperar una ley estatal: tienen competencias, tienen voluntad política declarada y tienen a la sociedad civil empujando”.
Una hoja de ruta para los ayuntamientos
El texto también plantea que el siguiente paso debería ser la adopción de una ordenanza municipal propia en Jerez, en coherencia con los compromisos ya asumidos por la ciudad. Paralelamente, recuerdan que la FEMP mantiene un compromiso institucional contra la explotación sexual y la trata de mujeres, lo que refuerza la relevancia del registro de esta propuesta en su sede.
De cara al futuro, el movimiento abolicionista sitúa como próximo reto el II Foro Abolicionista Ciudad de Jerez, previsto para el 18 de septiembre de 2026. En el documento se subraya que la nueva ordenanza aporta una herramienta concreta para las administraciones locales, señalando que “la PAP nos entrega algo concreto: una ordenanza para que ningún ayuntamiento pueda seguir alegando que no sabe cómo actuar”.
La abolición como planteamiento político
La plataforma concluye su argumentación con una crítica estructural al fenómeno de la prostitución y con la defensa de un enfoque abolicionista como política pública. En el texto se afirma que “el sistema prostitucional no es inevitable. Es una construcción que beneficia a los hombres y destruye a las mujeres”, y se sostiene que la respuesta debe pasar por políticas que permitan abandonar esa situación.
En ese marco, el documento defiende la necesidad de impulsar medidas legislativas y sociales que permitan la salida de las mujeres explotadas. Según resume el propio texto presentado ante la FEMP, “la abolición —real, legislada, con recursos para las mujeres que quieren salir— es la única respuesta feminista posible”, y concluye con un mensaje dirigido a los gobiernos locales: “Hoy, los municipios tienen en sus manos una llave”.