La Guardia Civil de Córdoba ha abierto una investigación ante la denuncia del director del Museo Arqueológico de Almedinilla y arqueólogo municipal, Ignacio Muñiz Jaén, por la destrucción del yacimiento arqueológico de La Viñuela, ubicado en dicho término de la Subbética y fechado en el siglo I antes de Cristo, con objeto de plantar olivos en la zona.
Según fuentes cercanas a la investigación, el arqueólogo municipal se personó en el enclave tras recibir el aviso de un vecino por unos movimientos de tierra que, supuestamente "sin permiso municipal", se habían llevado a cabo en los últimos meses y que podían haber afectado a dicho yacimiento, catalogado en su día desde el propio Museo Histórico de Almedinilla como recinto fortificado de época ibérica.
El arqueólogo municipal indica que se trata de un recinto amurallado, "algo diferente a los documentados en la comarca", dado que tiene forma rectangular (20 metros de anchura y 75 metros de longitud), creando un espacio interno de 1.250 metros cuadrados. Situado en una cota a 900 metros de altitud, se ubica en el farallón rocoso que queda en lo alto de la cortijada de La Viñuela y su ermita, estando su cara sur defendida por un profundo corte en la roca caliza natural. Muñiz señala que "aunque esta cara tiene restos de la fortificación, en la cara norte se conserva un alzado visible de dos metros de altura y 75 metros de longitud con una edilicia de sillarejo sobre piedras de carácter más ciclópeo".
Una vez en el lugar, el arqueólogo comprobó que el muro principal del recinto, el de la cara norte, había quedado "totalmente arrasado con máquinas pesadas para, tan sólo, plantar una docena de olivos", indicando que una serie de majanos con las piedras del muro desgajado, algunas ciclópeas, habían quedado esparcidas por la finca, "como huella de la destrucción y el expolio, así como fragmentos cerámicos ibéricos tardíos pertenecientes a ánforas ibero-púnicas, cuencos y lebrillos". Tras ello se ha cursado la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil y el servicio del Seprona y se ha comunicado a la Consejería de Cultura de la Junta, a la que se ha solicitado "una intervención arqueológica de urgencia que permita documentar lo que haya quedado indemne".
El yacimiento era estudiado desde el Museo Histórico de Almedinilla y la Universidad de Granada (UGR), habiéndose realizado en febrero de 2021 las planimetrías para próximamente ser comunicados los resultados a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. No obstante, era conocido por la vecindad y se habían publicado diferentes noticias al respecto.
Un Bien de Interés Cultural, en peligro
En este sentido, Muñiz apunta que "al ser una fortificación emergente y visible entra dentro de la máxima protección que la Ley de Patrimonio de Andalucía establece para todo tipo de fortificaciones, protegidas en su totalidad como Bien de Interés Cultural por la Ley 14/2007, 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía". Así, precisa que el artículo 4 de la citada Ley dice que los ayuntamientos "tienen el deber de colaborar activamente con los organismos competentes en la protección, conservación, fomento y difusión del patrimonio histórico que radiquen en su término municipal, así como realzar y dar a conocer el valor cultural de los mismos, adoptando en caso de urgencia, las medidas cautelares necesarias para salvaguardar los bienes".
De la misma forma, el arqueólogo recuerda que el artículo 14 de dicha Ley, en referencia a los propietarios, titulares y poseedores, según el cual "tienen el deber de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos, además de permitir la visita pública gratuita, al menos cuatro días al mes". También, en su disposición adicional tercera, la normativa recoge que "quedan inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz los Bienes de Interés Cultural declarados conforme a la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español ubicados en Andalucía". Disposición con la que todos los vestigios defensivos situados en territorio andaluz "se inscriben como Bien de Interés Cultural en el Catálogo General Andaluz".
Muñiz destaca que todos los "vestigios defensivos" pasan a ser de competencia exclusiva de la Junta de Andalucía y de la Consejería de Cultura, quedando inscritos como Bien de Interés Cultural (BIC) en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, protegidos por tanto en su totalidad, "tanto las partes conservadas como las que puedan aparecer en las excavaciones arqueológicas, considerándose una infracción muy grave y un delito penal su destrucción".
Por otro lado, afirma que, "si bien el daño está más que hecho, es de esperar que una pronta intervención arqueológica de urgencia pueda documentar lo no expoliado, así como plantear la restitución del muro norte conforme a las planimetrías realizadas, cuyo coste ascendería a una cantidad cercana a 500.000 euros".
Comentarios