Hace casi un mes que Ana y Alberto viven en el albergue municipal Asilo San José de Jerez. Desde entonces, ella sufre depresión y ambos, ansiedad. "Es que esto es duro... Si me hubieran dado una oportunidad en ese piso, si se hubieran podido solucionar las cosas de otra manera... Pero nadie nos hace caso, nadie nos ayuda: ni los servicios sociales ni los abogados". lamenta Ana.
Este matrimonio se vio en la calle, con lo puesto, el pasado 25 de febrero. Alberto cuenta a lavozdelsur.es que aquel día, a eso de las 11:30 horas, alguien aporreó la puerta. Unas cuatro o cinco personas. Entre ellos: la hermana de la propietaria, la abogada de esta, los cerrajeros y los trabajadores del juzgado. "Usted tiene una orden de desahucio. Se tiene que ir ya", sentenció uno de los presentes. "Imagínate el estado de nervios que me agarré", comparte Alberto, de origen uruguayo. Al momento, telefoneó a su esposa, que estaba trabajando. Y en cuanto llegó, los dos, junto al hijo pequeño de la pareja, de 18 años de edad, se pusieron a recoger lo poco que pudieron.
"Cogimos bolsas de basura y empezamos a recoger nuestras cosas", cuentan. Su hijo, que en ese momento se encontraba durmiendo, se levantó sobresaltado y empezó a ordenar sus cosas: el ordenador, la ropa... Comparten que los técnicos del juzgado les dieron más tiempo para guardar lo importante, pero que se vieron obligados a dejar algunos muebles y otros objetos personales en la vivienda. Tuvieron que empaquetar su vida, en menos de cinco horas. "Y dicen que no nos dejan que volvamos a por ellas", denuncian.
Un detalle de las manos de Ana durante la entrevista con lavozdelsur.es. FOTO: MANU GARCÍA.
Sin techo donde meter sus pertenencias, el párroco de la iglesia de San Enrique les dejó un espacio para guardarlas. Cuentan que la primera noche su hijo el mayor, de 28 años de edad, se fue a dormir a casa de sus suegros y les dejó su cama. No obstante, a día de hoy ambos duermen, separados, en el albergue municipal; y el pequeño vive junto a su hermano. Desde el Ayuntamiento de Jerez la solución que les dan es que se busquen un alquiler privado y Asuntos Sociales les abona la mensualidad. Pero ninguno dispone de nómina, lo que dificulta que encuentren un alquiler asequible para poder empezar de nuevo.
Tanto Ana como Alberto se han sentido desamparados por la abogada del turno de oficio que ha llevado su caso. "Al parecer, ella tenía constancia de la orden de desahucio desde enero y no nos avisó", sostiene. Es por ello que informa a este medio que reclamarán una indemnización por mala praxis profesional a la abogada particular (que pertenecía al bufete Bárcena & Asociados Abogados), ya que en ningún momento les notificó que iban a ser desahuciados.
Al parecer, ella —la abogada del turno de oficio— tenía constancia de la orden de desahucio desde enero y no nos avisó
"A mí me ha tocado ser de las luchadoras. Me tocó esto", sonríe Ana con tristeza. Hace 13 años que Ana huyó de su exmarido, quien la maltrataba tanto física como psicológicamente y la intentó matar en más de una ocasión en su tierra natal, Toledo. Y hoy vuelve a tropezarse con una propietaria que, según ella, la ha engañado y la ha dejado en la calle reclamándole unos 7.000 euros.
Un detalle de Alberto, durante la entrevista. FOTO: MANU GARCÍA.
Si bien ahora ambos están viviendo un infierno, hace meses que viven sumergidos en una pesadilla. "Cuando llegué aquí, tuve suerte, encontré un piso en La Granja y a los dos meses encontré trabajo en el hospital, cuidando ancianos", narra Ana, quien ha ejercido desde años en ayuda a domicilio y limpiando hogares. Pasados los primeros cinco años, ella y Alberto se fueron a vivir a otro piso, en el mismo barrio. Al principio pagaban una mensualidad de 330 euros. Y confiesa que empezaron a tener problemas para pagar el alquiler. Los trabajos cada vez eran más precarios, y nadie les hacía un contrato laboral. "La propietaria nos dijo que nos perdonaba los meses que le debíamos y que nos rebaja el alquiler a 265 euros", comentan. No obstante, nada parecía legal, y aunque ellos le pagaron así durante el último año; la dueña de la vivienda tramitó una orden en el juzgado para desahuciarlos.
"La carta de desahucio llegó en febrero del año pasado para el mes de septiembre. Avisamos a las asistentas y a los abogados, porque a mí ella me reclamó los meses que yo ya había pagado, porque según ella los meses que le hemos pagado, nos dicen que no le hemos hecho", manifiesta Ana. Entonces, la toledana habló con la abogada del turno oficio para recurrir. Pero la reclamación no se admitió a trámite, por lo que la denuncia siguió adelante. El desahucio no se pudo paralizar y el bufete jamás le notificó que la orden de lanzamiento sería para el 25 de febrero. En este sentido, lavozdelsur.es se ha puesto en contacto con Bárcena & Asociados Abogados, quienes aseguran que les resultó imposible ponerse en contacto con la cliente.
Finalmente, el matrimonio pide responsabilidades a la abogada y al Ayuntamiento de Jerez. Además piden una ayuda ciudadana para encontrar un alquiler "y volver a juntar a la familia". "Eso era lo único que teníamos", expresa Ana emocionada. "El estar separados nos está comiendo", señalan ambos, quienes también están teniendo problemas de convivencia con los compañeros del albergue. "Mi hijo no está bien. De ser un buen estudiante se ha tenido que quitar de estudiar porque le dan migrañas. Lleva sin salir a la calle desde que pasó esto", termina.
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