El Ministerio de Derechos Sociales, dirigido por Pablo Bustinduy, ha solicitado a la Fiscalía y a la Oficina de Lucha contra los Delitos de Odio que investiguen la celebración del 18 cumpleaños del futbolista del FC Barcelona, Lamine Yamal, tras sospechas de que en el evento se pudo incumplir la ley de discapacidad vigente desde hace casi tres años. Esta normativa prohíbe espectáculos que impliquen burlas o denigración hacia las personas con discapacidad, especialmente en casos de enanismo.
Según ha explicado Jesús Martín, director general de Discapacidad, la investigación se centra en un show contratado para la fiesta en el que participaron artistas con enanismo. La Asociación de Personas con Acondroplasia y Otras Displasias Esqueléticas (ADEE) ha expresado su rechazo y ha pedido que se aclaren los hechos, advirtiendo sobre la vulneración de derechos y la posible humillación a personas con esta condición.
Por otro lado, uno de los artistas implicados ha defendido públicamente su trabajo en los micrófonos de RAC1, lamentando la polémica y solicitando respeto hacia su profesión: "Nadie nos faltó al respeto, que nos dejen trabajar en paz". Este artista ha afirmado que se sienten perjudicados por la oposición de la asociación, la cual, según él, no ofrece alternativas laborales ni formación para las personas afectadas. Cuestiona además la discriminación que sufren por su condición física y reclama poder desempeñar su trabajo legalmente como animadores.
Una reforma de la Ley en marcha
El Ministerio de Derechos Sociales también trabaja en la reforma de la ley para tipificar como infracción grave la realización de espectáculos que atenten contra la dignidad de las personas con discapacidad, estableciendo multas que podrían alcanzar hasta un millón de euros. Se espera que esta reforma sea aprobada próximamente en el Consejo de Ministros.
La polémica en torno a la fiesta de Lamine Yamal ha reavivado el debate sobre los límites de la libertad artística y el respeto a los derechos de las personas con discapacidad en espectáculos públicos, en un contexto donde el Gobierno busca endurecer las sanciones para proteger a los colectivos vulnerables.
