El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento este miércoles del informe de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad sobre la gestión del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia durante 2025, un ejercicio que se cierra con cifras récord de personas beneficiarias, un aumento notable de prestaciones y la menor espera registrada en los últimos 15 años. Desgraciadamente, todavía miles de personas fallecen antes de tener valoración y prestación por Dependencia, pero la agilización del sistema va menguando año a año.
El documento sitúa estos resultados en el contexto de una evolución sostenida del sistema durante la última década. En 2015, según los datos aportados en su momento por el Gobierno andaluz,Andalucía contaba con 163.100 personas beneficiarias y 219.100 prestaciones. Diez años después, al cierre de 2025, esas cifras se han elevado hasta 338.932 personas atendidas y 523.381 prestaciones, lo que supone más del doble de beneficiarios y más del doble de prestaciones respecto a hace una década.
Uno de los elementos clave de este avance ha sido la entrada en vigor del Decreto de Simplificación Administrativa, que ha transformado de forma profunda los procedimientos. La reforma, orientada a reducir la burocracia y agilizar la atención, ha exigido una reorganización interna significativa, pero sus efectos se han reflejado de manera mayoritaria a lo largo de 2025, con resultados especialmente positivos, aunque desde la administración reconocen que aún existen aspectos susceptibles de mejora.
Un solo trámite para acceder a la dependencia
Entre las principales novedades destaca la realización de una única visita domiciliaria a la persona solicitante, en la que se recaba toda la información necesaria tanto para valorar el grado de dependencia como para elaborar el Programa Individual de Atención. En coherencia con este enfoque, el procedimiento finaliza ahora con una única resolución administrativa, que reconoce simultáneamente la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones.
A este cambio se suma la unificación de los aplicativos informáticos de gestión, actualmente en fase de implantación. El nuevo sistema permite conocer en todo momento el estado exacto de cada expediente, desde su inicio hasta su resolución, mejorando el control, la trazabilidad y la transparencia del proceso administrativo.
En el marco de esta mejora continua, en agosto se aprobó una orden que establece supuestos de tramitación preferente para garantizar una respuesta más rápida en situaciones de especial vulnerabilidad o urgencia social. Entre los colectivos priorizados figuran los menores de hasta 14 años, las personas mayores de 90 años, quienes padecen ELA y las personas en cuidados paliativos.
Menos desigualdades entre provincias
El informe también destaca el esfuerzo de coordinación con las ocho provincias andaluzas para homogeneizar criterios y procedimientos en todo el territorio. Esta actuación ha permitido reducir de forma significativa la brecha interterritorial existente y garantizar una atención más equitativa con independencia del lugar de residencia.
Durante la transición al nuevo modelo, se recurrió a la contratación temporal de personal de refuerzo para valoraciones y tramitación de expedientes. En 2025, como novedad, la organización y seguimiento de este personal se centralizó en los Servicios Centrales de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, lo que incrementó el número de visitas realizadas y de resoluciones dictadas, al tiempo que permitió homogeneizar los tiempos de tramitación incluso en zonas con mayor dispersión geográfica.
En paralelo, se ha reforzado la financiación del sistema. Desde 2019, el incremento acumulado alcanza de media el 32% en centros para personas con discapacidad y el 26% en centros para personas mayores. En el Servicio de Ayuda a Domicilio, el aumento del precio/hora financiado desde ese año ha sido del 28%, contribuyendo a la sostenibilidad del sector.
Los efectos de estas medidas se reflejan en los principales indicadores. En 2025, el número de personas beneficiarias se situó en 338.932, lo que supone 175.832 más que en 2015. El volumen de prestaciones alcanzó las 523.381, frente a las 219.100 de hace una década, con un crecimiento de más de 304.000 prestaciones en diez años.
Especialmente relevante es la reducción histórica de los tiempos de tramitación, que en 2025 se situaron en una media de 496 días, frente a los 602 días de 2024, lo que supone una disminución de 106 días. El mes de diciembre de 2025 registró, además, el tiempo medio más bajo de los últimos 15 años.
Andalucía cerró el ejercicio con un 80,9% de prestaciones de servicios, situándose 25 puntos porcentuales por encima de la media nacional. En el Servicio de Ayuda a Domicilio, la comunidad gestiona el 49,88% del total de España, atendiendo a 197.240 personas, con una intensidad media mensual superior a la media nacional en los grados II y III.
De cara a 2026, la Junta de Andalucía continuará avanzando en la mejora del sistema con un presupuesto de 2.610,6 millones de euros, la mayor dotación de su historia. Según el informe, el Gobierno andaluz aporta el 71% de los fondos, frente al 29% del Gobierno de España, pese a que la ley establece una cofinanciación del 50%.