Desde hace más de una década funciona en Sevilla una red de seis centros municipales de atención integral a las víctimas de violencia de género, distribuidos por diferentes distritos de la ciudad y con un equipo multidisciplinar compuesto por psicólogas, abogadas especializadas en la materia, trabajadoras sociales y auxiliares administrativas. El trabajo de unas profesionales no se puede entender sin el resto porque “somos un equipo que trabajamos de manera integral”, dice Vanesa Casado, una de las trabajadoras de este servicio y delegada sindical de CCOO.
Estos centros, pioneros en la protección integral contra la violencia de género y simulados por otros ayuntamientos españoles y europeos que se fijan en la experiencia exitosa de la capital andaluza para exportar la iniciativa, podrían comenzar a ser “desmantelados” por el Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el socialista Juan Espadas, que ha hecho una propuesta para eliminar de la relación de puestos de trabajo a las abogadas especializadas en género y derecho de familia para sustituirlas por técnicos sin especialización.
Los técnicos de la administración están preparados para tramitar expedientes o subvenciones, pero no están especializados en género y en las circunstancias multidisciplinares que se dan en un caso de violencia de género. Este tipo de centros integrales están presente en los distritos de Triana, Casco Antiguo, Alcosa, Macarena, Nervión y Sur. “Es un retroceso brutal al servicio integral de atención a las mujeres maltratadas”, considera Eva Oliva, concejala de IU en el Consistorio hispalense, para quien esta medida “es el principio para terminar con la atención integral a las mujeres”.
Se da la paradoja de que los centros integrales de atención a víctimas de violencia de género en la capital andaluza fueron puestos en marcha por un gabinete socialista hace una década, el liderado por el exalcalde Alfredo Sánchez Monteseirín, y ahora es otro gobierno del PSOE el que, según CCOO, estaría dando señales en sentido contrario.
Desde la Plataforma de Mujeres 8 de Marzo de Sevilla, colectivo feminista hispalense que peleó por la existencia de este recurso en la década pasada, abogan por la permanencia de la totalidad de los servicios y que el asesoramiento jurídico sea uno de los recursos fundamentales que se tienen que dar desde los centros de atención integral a víctimas de violencia, así como la importancia de que el personal tenga formación específica en género.
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