Demandan a la Junta un censo oficial de víctimas del franquismo desaparecidas en Andalucía con carácter público

Adelante registra una iniciativa en el Parlamento para urgir al Ejecutivo de PP y Cs a que desarrollen el nuevo protocolo de exhumaciones que prevé la ley

Algunas de las fotografías de los enterrados en Pico Reja sobre el espacio sin delimitar de la fosa común, en Sevilla FOTO: SETEFILLA R. MADRIGAL
Algunas de las fotografías de los enterrados en Pico Reja sobre el espacio sin delimitar de la fosa común, en Sevilla FOTO: SETEFILLA R. MADRIGAL

El grupo parlamentario de Adelante Andalucía ha registrado una iniciativa en la Cámara autonómica en la que urge al Ejecutivo andaluz que comparten el PP-A y Ciudadanos (Cs) a desarrollar el nuevo protocolo de exhumaciones que prevé la Ley de Memoria Democrática de Andalucía, así como un censo oficial de víctimas desaparecidas que tenga carácter público.

En una pregunta con ruego de respuesta escrita, recogida por Europa Press, la confluencia pide a la Junta explicar cuándo se va a desarrollar el referido protocolo y si prevé elaborar el censo de víctimas, así como quiere conocer si se ha efectuado "la pertinente denuncia a los órganos jurisdiccionales para garantizar la preceptiva tutela judicial del proceso de exhumación y de conservación de los restos cadavéricos".

Asimismo, parte de las cuestiones que Adelante Andalucía eleva al Ejecutivo de Juanma Moreno se centran en los cementerios de la Salud y San Rafael de la capital cordobesa, para conocer qué actuaciones va a poner en marcha para garantizar la exhumación e identificación de las miles de víctimas de las fosas comunes allí localizadas, qué financiación presupuestaria va a destinar para ello y en qué plazos temporales, o cómo se va a establecer la realización de pruebas de ADN a los familiares de las víctimas para poder garantizar su identificación.

También se interesa la confluencia de Podemos e IU por conocer cuántas pruebas de ADN se han efectuado hasta el momento en relación a las fosas anteriormente citadas, una pregunta que hace extensiva a toda la provincia de Córdoba y al resto de territorio andaluz.

En la exposición de motivos, tras recordar que el 10 de enero comenzaron los trabajos preliminares de exhumación de las fosas comunes de asesinados por la dictadura franquista en Córdoba, señala que la Junta "está obligada a realizar las actuaciones necesarias, conforme a los protocolos aprobados, para recuperar e identificar los restos de víctimas desaparecidas y de elaborar mapas de localización de restos, así como la responsable de autorizar toda localización, exhumación e identificación de restos, tal y como recoge la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía en el apartado V de la exposición de motivos".

En concreto, cita el artículo 3 del texto que recoge que el Gobierno andaluz "adoptará las medidas de acción positiva que resulten necesarias para hacer efectivo con estricto respeto a las garantías establecidas en el ordenamiento jurídico: El derecho a conocer, a la luz del principio de verdad, la historia de la lucha del pueblo andaluz por sus derechos y libertades, así como el deber de facilitar a las víctimas andaluzas y a sus familiares la búsqueda y el esclarecimiento de los hechos de violencia o persecución que padecieron por su lucha por los derechos y libertades".

También alude al artículo 8, dedicado a la localización, exhumación e identificación de las víctimas, que establece que la Consejería competente en materia de memoria democrática llevará a cabo las actuaciones necesarias para recuperar e identificar los restos de las víctimas desaparecidas, de conformidad con los protocolos de actuación previstos en el artículo 10 y lo dispuesto en la Ley 52/2007, de 26 de diciembre.

Y por último, el artículo 18 apunta que la Junta impulsará un protocolo de actuación para dignificar las fosas comunes de las víctimas y asegurar su conservación para ser exhumadas en los cementerios municipales, mientras que el 14 establece la obligación por parte de la Consejería competente de denunciar ante los órganos jurisdiccionales la existencia de indicios de comisión de delitos que se aprecien con ocasión de las localizaciones, identificaciones o en relación con los hallazgos a que se refiere esta ley.

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