La consejera andaluza de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha lanzado duras críticas al Gobierno central tras los problemas detectados en las pulseras telemáticas para maltratadores. Según López, los fallos son consecuencia directa de la falta de “horas de trabajo, rigor y seriedad” en la gestión del contrato, que cambió de manos en marzo de 2024, y cuyos fallos han sido reconocidos por el propio Ministerio.
En un comunicado enviado a los medios este viernes, la consejera acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de sobrarle “golpes de pecho y utilización política e ideológica de la mujer”, mientras, a su juicio, faltó compromiso real en un asunto tan sensible. “La igualdad no solo se grita, se trabaja y se practica”, remarcó.
La Fiscalía General del Estado, en su memoria anual, ya había advertido sobre las incidencias de estos dispositivos tras la adjudicación del servicio a Vodafone y Securitas. La migración de datos impidió acceder a la información previa sobre la ubicación de agresores, lo que derivó en sobreseimientos y absoluciones en causas por quebrantamiento de medidas de alejamiento. Sin embargo, la Fiscalía negó que las víctimas estuvieran desprotegidas, insistiendo en que los dispositivos funcionaron “en todo momento”.
Mientras, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, aseguró que el sistema “funciona mucho mejor que antes” y que los fallos fueron solucionados “hace meses”. Aun así, el Partido Popular ha exigido su dimisión inmediata por lo que califica de “irresponsabilidad criminal” y ha reclamado una auditoría independiente para aclarar la magnitud del problema.
Cuatro meses de fallos
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) también ha denunciado que las pulseras fallaron durante “cuatro meses”, lo que habría puesto en riesgo la protección de mujeres víctimas y dificultado el trabajo policial. Según la organización, el Ministerio de Igualdad no garantizó mecanismos de continuidad ni auditoría, generando un “grave fallo de seguridad”.
Por otro lado, colectivos feministas como la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres alertan de que la contratación basada en el “precio más barato” en servicios tan delicados compromete la seguridad de miles de víctimas. Coinciden con la asociación de juristas Themis, que considera “inexplicable” la pérdida de datos en un asunto de tanta relevancia.
Pese a las explicaciones oficiales, la polémica sigue abierta y el debate sobre la gestión del sistema de vigilancia telemática se ha convertido en un nuevo frente político y social en España.