A partir del 14 de septiembre, los jóvenes andaluces menores de 35 años podrán solicitar el aval hipotecario de la Junta de Andalucía para la compra de su primera vivienda, según anunció la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, durante una sesión de la Comisión de Fomento del Parlamento de Andalucía. La solicitud se realizará en las oficinas de las entidades bancarias colaboradoras sin costo alguno. Este programa se enmarca en el Plan Vive En Andalucía 2020-2030 y cuenta con una partida de 20 millones de euros.
La consejera señaló que este programa, llamado Garantía Vivienda Joven, aborda uno de los principales desafíos a los que se enfrentan los jóvenes, que es el acceso a su primera vivienda. Esta dificultad se ha exacerbado en los últimos años debido a la precariedad laboral, los bajos salarios, el desempleo y la crisis financiera, lo que ha dificultado que los jóvenes ahorren lo suficiente para la entrada, impuestos y otros gastos relacionados con la compra de una vivienda.
El aval hipotecario de la Junta de Andalucía reducirá el tiempo necesario para ahorrar la entrada de la vivienda a la mitad, de tres años a año y medio. Los solicitantes deben estar empadronados en un municipio de Andalucía, tener hasta 35 años y utilizar la vivienda como domicilio habitual durante al menos dos años. El límite de precio de referencia para las viviendas es de 295.240 euros, pero se incrementa en un 20% para viviendas con clasificación energética A o B.
El programa cuenta con la colaboración de ocho entidades bancarias: Caixabank, Cajamar, Cajasur, Caja Rural de Granada, Caja Rural del Sur, Ibercaja, Santander y Unicaja. La Junta de Andalucía resolverá la concesión de la garantía hipotecaria con el préstamo preconcedido y se espera que este programa alcance a aproximadamente mil jóvenes inicialmente, con posibilidad de expansión a medida que los préstamos se vayan amortizando.
Además de facilitar el acceso a la vivienda, el programa también se espera que impulse la actividad económica y el empleo en la región, así como genere ingresos fiscales a través de impuestos y tasas relacionados con la actividad.