La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) muestra su preocupación ante la sentencia que ha condenado a un año y medio de prisión a nueve de los 602 hombres originarios de países subsaharianos que accedieron a Ceuta a través de la valla en julio de 2018. "Esta sentencia va en la línea de todas las medidas implementadas por el PSOE, y en concreto, su ministro de Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, que prosigue insistentemente con su labor de reducir la llegada por la frontera sur a cualquier precio", apunta la organización
La sentencia, para la Apdha, "supone un paso más allá, pues su objetivo es imponer un castigo ejemplarizante y fomentar la creencia de que las personas que responden a un perfil étnico determinado son criminales”. La organización asegura que la preocupa la normalización de acusaciones populares de organizaciones posicionadas contra las personas migrantes y confía en que el sistema judicial, fiscales y jueces, sirvan de dique de contención y apliquen la ley, con conocimiento y sensibilidad, defendiendo los derechos de todas las personas.
"No se ha tenido en cuenta en la sentencia el contexto de estas personas a las que la falta de vías de acceso legales y seguras las obliga a usar vías de entradas irregulares, forzándolas a migrar durante años, poniendo en peligro su vida una y otra vez, en desiertos y mares, sufriendo racismo, agresiones y vejaciones constantes por parte del Estado marroquí, que las coloca en una situación límite, y esa situación les hace tomar medidas un tanto desesperadas”, señalan desde la Apdha.
La asociación apunta que e Estado español vulnera sistemáticamente el derecho a migrar y a solicitar asilo, y “antes de reconocerlo, van a utilizar todo tipo de estrategias para justificar sus prácticas racistas y xenófobas: las devoluciones en caliente condenadas por dos veces por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las devoluciones exprés, la propia Ley de Extranjería, las inoperantes oficinas de asilo situadas en Ceuta y Melilla y, en este caso, la condena a las nueve personas que el pasado 26 de julio de 2018 accedieron a Ceuta a través de la valla”.
"La población está acostumbrada a escuchar la palabra inmigración seguida de crimen organizado y otros delitos, y con esta sentencia se refuerza de nuevo ese discurso, al asemejar la migración irregular con la criminalidad”, apunta la Apdha. “Se les ofreció un acuerdo con una pena de prisión inferior a los dos años, que es generalmente suspendida, pero posteriormente, se negó su suspensión”.
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