El juicio por la muerte de la educadora social Belén Cortés, presuntamente a manos de tres menores (de 14, 15 y 17 años de edad en el momento del crimen) a los que atendía en un piso tutelado de Badajoz, ha quedado visto para sentencia tras las tres sesiones celebradas a puerta cerrada los días 29, 30 y 31 de octubre en el Juzgado de Menores de la capital pacense. El caso, que ha causado gran conmoción en el ámbito social y educativo, enfrenta ahora las distintas versiones de las partes antes de la resolución judicial.
La acusación mantiene la petición de seis años de internamiento
La acusación particular, representada por el abogado Raúl Montaño en nombre de la familia de la víctima, ha modificado sus conclusiones iniciales y se ha alineado con la Fiscalía, al considerar que dos de los menores fueron autores del asesinato y una tercera menor actuó como cómplice. Ambas partes solicitan seis años de internamiento en régimen cerrado para los tres acusados, aunque en el caso de la joven que tenía 17 años en el momento de los hechos, la pena se reduce por su edad: “Se ha rebajado a seis años, por ese motivo”. La Fiscalía, por su parte, pide cinco años para esta menor.
“El delito que esta parte pretende es el de asesinato. Otra cosa es la participación de cada uno. Entonces, la participación entendemos que hay dos menores que corresponden a autoría, son autores, y la otra menor sería cómplice. Pero en cuanto al delito, la pretensión que tiene la acusación particular es la del homicidio agravado, en este caso asesinato”, ha explicado Montaño, quien insiste en que la responsabilidad penal de los menores debe ser reconocida en toda su extensión.
La familia reclama 600.000 euros de indemnización
Tanto la acusación como el resto de las partes coinciden en señalar a la Junta de Extremadura como responsable civil directa del caso. La familia de Belén Cortés reclama una indemnización de 600.000 euros, al considerar que la Administración debía haber garantizado la seguridad de la trabajadora en el centro. La Junta, sin embargo, rechaza esa responsabilidad directa y mantiene que, en todo caso, sería subsidiaria, solicitando una reducción de la cuantía económica reclamada.
Por su parte, la defensa ha pedido la absolución de uno de los menores, representado por el abogado José Duarte, al considerar que “no se ha acreditado su autoría”. El letrado ha argumentado que las pruebas no son concluyentes y que existen contradicciones en las declaraciones presentadas durante el proceso judicial.
Aun así, Duarte ha subrayado que los hechos “se podían y se debían haber evitado” y ha criticado la falta de actuación de la Administración pese a las reiteradas alertas y peticiones de ayuda. Según su versión, la Junta de Extremadura debía haber velado por la seguridad tanto de los menores como de los trabajadores, y “nunca deberían haber coincidido perfiles de menores tan conflictivos en un mismo recurso”.
Tras la celebración del juicio, la resolución queda ahora en manos del juez, que deberá decidir si los tres menores son declarados culpables del asesinato de Belén Cortés o si procede su absolución. La sentencia, que se espera en las próximas semanas, podría sentar un precedente en la gestión de los centros tutelados y en la responsabilidad de las administraciones públicas en casos de violencia dentro de estos recursos.
