El próximo 25 de julio se cumplirán tres años de la desaparición de Khaley Rodríguez Gómez, una niña que entonces tenía cuatro años y de la que no se ha vuelto a tener contacto desde que fue llevada a Egipto por su padre. La menor, que ahora tendría siete, desapareció tras un viaje iniciado desde el aeropuerto de Madrid-Barajas, y su madre, Alba, denunciaba el caso como una sustracción parental. Desde entonces, su búsqueda se ha topado con un vacío institucional.
Las últimas noticias sobre la menor son alarmantes: según recoge El Periódico, Khaley ha sido prometida en matrimonio con un niño de diez años, y se espera que la boda tenga lugar cuando ella cumpla nueve. Una práctica contraria al marco legal europeo y que subraya la situación de desprotección extrema que atraviesa la niña. “Khaley está sola, desprotegida y sin el respaldo de los órganos competentes españoles que puedan garantizar su seguridad y su regreso a casa”, denuncia su madre.
Obstáculos legales e inacción institucional
La custodia de Khaley pertenecía en exclusiva a su madre. El padre pidió llevársela a Egipto en 2022 con el pretexto de que su madre –la abuela de la pequeña– estaba gravemente enferma y quería que la niña pasara tiempo con ella. “Todo bajo promesas de que la iba a devolver en breve tiempo”, ha explicado Joaquín Amills, presidente de SOS Desaparecidos, a Informativos Telecinco. A pesar de no contar con el consentimiento de Alba, el padre emprendió el viaje y, según relata la familia, comenzó a ofrecer excusas sobre retrasos en los vuelos antes de admitir que no pensaba regresar con la niña.
Amills sostiene que el padre fue claro con sus intenciones. “Le dijo a la madre que no sabría nunca más ni de él ni de la niña. Y así es. Hasta el día de hoy, es un país donde no cumplen el Convenio de La Haya y ese es el gran problema”, ha declarado. La madre ha acudido al Ministerio de Justicia, de Interior y de Exteriores, y llegó incluso a viajar al país, sin lograr avances ni respaldo efectivo.
El caso se complica por la falta de cooperación judicial internacional. Egipto no aplica el Convenio de La Haya sobre sustracción internacional de menores, lo que impide que las autoridades españolas puedan intervenir de forma directa para solicitar el retorno de la menor. Esta situación ha colocado a la familia en un limbo jurídico y diplomático.
Mientras tanto, el tiempo sigue pasando y la incertidumbre se agrava. La familia insiste en que se trata de un caso urgente de vulneración de derechos fundamentales. “La madre ha tocado ya todas las instituciones… pero no hay forma de que tenga el respaldo que debe tener por parte de las administraciones. Tanto a nivel nacional como a nivel de extranjería”, lamenta Amills, quien pide que el caso se resuelva cuanto antes.