Cáritas Regional de Andalucía ha presentado en Sevilla el Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social en Andalucía, que alerta de la cronificación de la desigualdad y de una fractura social estructural. Según el estudio, el 23,1 % de la población andaluza —casi dos millones de personas— vive en situación de exclusión social, una proporción superior a la media estatal, situada en el 19,3 %.
El informe señala un aumento de la exclusión severa, que ya afecta al 10,2 % de la población, con 270.000 personas más que en 2018. Al mismo tiempo, solo cuatro de cada diez andaluces no presentan ningún indicador de exclusión, lo que confirma el retroceso de la integración social.
Vivienda y empleo, ejes de la exclusión
La vivienda se consolida como el principal motor de la exclusión social en Andalucía. Desde 2018, el precio de compra ha aumentado un 65 %, empujando a más de 400.000 hogares por debajo del umbral de la pobreza severa tras afrontar los gastos residenciales. Medio millón de personas sufre inseguridad residencial y más de 1,2 millones viven en viviendas inadecuadas.
El empleo ha perdido capacidad protectora. Aunque ha mejorado la ocupación, trabajar ya no garantiza salir de la exclusión. El salario medio andaluz es un 7,6 % inferior a la media estatal y más de uno de cada diez hogares depende de un sustentador con inestabilidad laboral grave.
Protección social insuficiente
La tasa de riesgo de pobreza ha descendido hasta el 12,8 % en 2024, pero casi la mitad de los hogares no puede afrontar gastos imprevistos. El Ingreso Mínimo Vital ha supuesto un avance relevante, aunque Cáritas advierte de problemas de acceso y de la pérdida de protección de la renta mínima autonómica, que deja sin cobertura a parte de la población vulnerable.
Salud, relaciones sociales y colectivos más afectados
Uno de cada cinco hogares sufre exclusión vinculada a la salud y más de 1,3 millones de personas tienen dificultades para acceder a tratamientos o medicamentos. El deterioro de las relaciones sociales afecta a medio millón de personas.
La exclusión golpea con especial intensidad a personas extranjeras, menores, jóvenes y hogares encabezados por mujeres. Ante este escenario, el informe Foessa reclama un nuevo pacto social con instituciones fuertes y políticas públicas que garanticen derechos, vivienda y empleo digno.