La Federación de Atención a la Ciudadanía de USO (FAC-USO), a través de su sector de Justicia, SPJ-USO, ha denunciado el “caos” que, a su juicio, está provocando la implantación de los Tribunales de Instancia. El sindicato sostiene que este nuevo modelo se está desarrollando sin planificación, sin medios suficientes y con protocolos de trabajo que agravan el colapso en los órganos judiciales.
Según la organización sindical, la reforma que se presenta como una modernización del servicio público de Justicia se está traduciendo en la práctica en desorganización, sobrecarga y retrasos que afectan tanto a los profesionales como a los ciudadanos que esperan respuesta a sus procedimientos. “Nos encontramos con un modelo que se está imponiendo a golpe de improvisación, sin inversión real y sin escuchar a quienes sostienen la Justicia cada día. Y cuando la Justicia se atasca, no se atascan papeles: se atascan vidas, decisiones urgentes y derechos”, ha señalado Adriano Moreno, secretario general de SPJ-USO.
Más carga de trabajo y peor respuesta al ciudadano
El sindicato denuncia que desde la puesta en marcha de esta reorganización se está generando confusión en la asignación del personal, con equipos fragmentados en varias “microestructuras” y con criterios que considera poco transparentes. A ello suma dificultades para cubrir con normalidad bajas, permisos y vacaciones, además de un problema estructural: la creación de plazas en determinados niveles sin un refuerzo proporcional de los cuerpos generales, que son los que asumen la tramitación diaria y el soporte real del servicio.
A juicio de FAC-USO, el resultado es un aumento de la carga de trabajo con menos margen operativo, algo que se traduce en demoras en señalamientos, retrasos en notificaciones, acumulación de tareas y mayor riesgo de errores.
La organización también advierte de que los programas de gestión procesal y las herramientas digitales no están plenamente adaptados al nuevo sistema. Esto obliga, según denuncia, a duplicar tareas y ralentiza aún más la tramitación. En este sentido, critica que el llamado modelo de “papel cero” sigue sin ser una realidad, ya que se continúa trabajando de forma digital mientras se mantienen documentos en papel y se repiten pasos internos.
Violencia sobre la mujer y justicia rural, entre los ámbitos más sensibles
SPJ-USO alerta además de la proliferación de protocolos de actuación que, en su opinión, normalizan medidas perjudiciales tanto para los derechos laborales como para la calidad del servicio. Entre ellas cita la práctica de no cubrir bajas ni ausencias, redistribuyendo el trabajo entre la plantilla disponible; la imposición de la figura del personal “referente” para formar a nuevas incorporaciones sin voluntariedad, reconocimiento ni retribución; y la asignación de los asuntos más urgentes al personal más experimentado, lo que convierte la experiencia en un factor de sobrecarga sistemática.
El sindicato considera especialmente grave el impacto de esta situación en áreas como la Violencia sobre la Mujer, donde cualquier demora tiene consecuencias mucho más sensibles. “Cuando hablamos de colapso no hablamos de estadísticas: hablamos de víctimas esperando protección y de profesionales trabajando al límite. La Justicia no puede permitirse fallar donde más urgente y humana debe ser”, subraya Adriano Moreno.
Además, USO denuncia que la implantación del nuevo modelo también está afectando a la Justicia en el ámbito rural, especialmente en las Oficinas de Justicia en el Municipio, antiguos juzgados de paz, y en su conexión con el Registro Civil y los sistemas de tramitación. Según el sindicato, existen carencias materiales y técnicas, con ordenadores obsoletos, limitaciones operativas, métodos precarios para compartir documentación y formación insuficiente.
Ante este escenario, FAC-USO y SPJ-USO reclaman al Ministerio de Justicia y a las administraciones competentes un paquete de medidas urgentes, entre ellas el refuerzo inmediato de plantillas, la revisión de los protocolos, la adaptación técnica de los programas de gestión, el cumplimiento real del “papel cero”, un plan específico para Violencia sobre la Mujer, un plan de choque para la justicia en el municipio y una evaluación seria del impacto en salud laboral y riesgos psicosociales.