"Hemos tenido discusiones con la Junta y durante muchos años, no ha sido posible llegar a un acuerdo, así que es reconfortante tener una tercera parte que revise los argumentos", dice Klas Nilsson, responsable de Comunicación de Boliden, la multinacional sueca a la que el Gobierno andaluz pide casi 90 millones de euros por los costes derivados de la restauración medioambiental de Aznalcóllar, donde hace 25 años se fracturó una balsa de residuos de metales pesados.
Este martes ha empezado el juicio, en el Juzgado de Primera Instancia número once de Sevilla, destinado a resolver la reclamación que pide la Junta por los costes de reparación, en una zona que la empresa asegura que dejó "de buen modo". Nilsson asegura "es bueno" que el juicio se celebre. "Afortunadamente, ambas partes pueden presentar sus argumentos. Veremos qué encuentra el tribunal", ha dicho.
El responsable de comunicación de Boliden ha defendido que los "esfuerzos" de la multinacional "durante y después" del siniestro fueron "exitosos". "Dejamos la zona de buena manera", ha dicho Nilsson, reconociendo que el tribunal ha conducido esta primera sesión del juicio "de una manera muy respetuosa", tras lo cual ha declinado "especular" con el resultado del procedimiento, lo que le ha llevado a remitirse al dictado de la sentencia.
La demanda de este juicio se dirige, en concreto, contra Boliden-Apirsa y las sociedades del mismo grupo Boliden AB y Boliden BV, manifestando la representación de la Junta de Andalucía al comenzar la vista previa celebrada en septiembre de 2022, que la fractura de la citada balsa de residuos de metales pesados el 25 de abril de 1998 se tradujo en el vertido de unos cinco millones de metros cúbicos de lodos contaminantes en el entorno de la cuenca del río Guadiamar, con efectos sobre unas 4.400 hectáreas que abarcaban incluso zonas en las proximidades del parque natural de Doñana.
La Administración andaluza, según la representación jurídica de la misma, asumió la "intervención coordinada" para combatir el citado macro vertido y restaurar el daño medioambiental, aunque desde un primer momento con la "voluntad" de "repercutir" los gastos afrontados a los responsables de la situación, recordando que Boliden, que desarrollaba su actividad minera a través del citado grupo de empresas, "era titular" de la balsa siniestrada y ostentaba "la mayoría" del capital social de Boliden-Apirsa y del citado grupo de sociedades.
Las representaciones de Boliden Apirsa, Boliden AB y Boliden BV lamentaban de su lado el mencionado vertido de lodos contaminantes, además "profundamente", pero en paralelo reclamaban la desestimación íntegra de esta demanda o "acción de reembolso".
Según el representante legal de Boliden Apirsa, de la regulación en la materia y los hechos resulta "palmario" que no pesa "obligación" alguna de compensar a la Junta de Andalucía por los mencionados trabajos de recuperación ambiental, además de que otras tantas entidades del sector minero presentarían estructuras societarias similares a las de este grupo.
Además, la representación de Boliden-Apirsa señalaba que la propia Junta de Andalucía "autorizó el recrecimiento" de la balsa siniestrada en la mina y, en su demanda, "reconoce que no ha pagado todas las cantidades" que reclama a los antiguos responsables de la corta de Aznalcóllar.
Según el letrado de Boliden-Apirsa, la demanda incluye cantidades "no imputables" a la empresa, en alusión a gastos por labores adicionales de "mejora" para la creación del Corredor Verde del Guadiamar, unos trabajos "innecesarios"; así como cuantías "controvertidas" por dudas respecto a su abono efectivo por parte de la Junta o el destino final al cual fueron aplicadas.
Especialmente, la representación jurídica de Boliden-Apirsa reclamaba no contemplar en el juicio, a efectos de informe pericial como tal, un documento de unas 30 páginas aportado por la Junta de Andalucía que estaría "firmado por funcionarios, sujetos a la jerarquía" de la Administración andaluza" y por eso sin "objetividad" a la hora de elaborar dicho informe, según este abogado. Así, Boliden-Apirsa alertaba de la "imparcialidad" de estos funcionarios.
El abogado de Boliden-Apirsa, además, negaba que la empresa se "enriqueciese" con la rotura de la balsa de la mina de Aznalcóllar, defendiendo que como consecuencia del accidente, la entidad afrontó gastos por valor de unos 115 millones de euros, 80 de ellos para la retirada "voluntaria" de lodos sin cobertura de los seguros, incurriendo finalmente en pérdidas por importe de unos 37 millones de euros.
Hablan los técnicos
Javier Serrano Aguilar, quien fuera jefe de servicio de Protección Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y coordinador de la Oficina de Restauración creada ante la catástrofe natural de 1998 por la fractura de la balsa de residuos de metales pesados de la mina de Aznalcóllar, ha asegurado ante el Juzgado que "todas" las actuaciones acometidas y cuyo coste reclama la Junta de Andalucía a la empresa "fueron motivadas por el vertido" y que la socioeconomía de la zona sigue "pagando las consecuencias del vertido".
Serrano Aguilar ha manifestado que las "dimensiones" del vertido fueron tales, que la Administración andaluza hubo de "innovar" a la hora de restaurar la zona afectada, pues no había "una referencia mundial" que tomar como punto de partida o de la que "copiar" medidas.
Javier Serrano Aguilar ha defendido además que las labores de restauración, acometidas por "fases", contaban con la directriz de responder a "base científica", asegurando ante las alegaciones de Boliden que "todas las actuaciones" acometidas en el marco de la restauración estuvieron destinadas a "paliar" los efectos del vertido "a corto o medio plazo". "Todo estuvo motivado por el vertido", ha enfatizado.
Por su parte, el que fuera secretario general técnico de la Consejería de Medio Ambiente y jefe de gabinete de dicho departamento Juan Antonio López Domecq ha manifestado que "toda" la restauración acometida tras la catástrofe natural de 1998 fue "imprescindible y necesaria" y que la "persistente contaminación" necesitaba una actuación "integral".
López Domecq, como cargo de confianza de libre designación en la Consejería de Medio Ambiente, firmó un informe fechado en febrero de 2004 a instancias de la Junta de Andalucía sobre la restauración de la zona afectada por el vertido, de unos cinco millones de metros cúbicos de lodos contaminantes en el entorno de la cuenca del río Guadiamar, con efectos sobre unas 4.400 hectáreas que abarcaban incluso zonas en las proximidades del parque natural de Doñana.
Junta y PSOE, confiados en que se haga "justicia"
El portavoz del Gobierno andaluz y consejero de consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón
Fernández-Pacheco, ha confiado en que se haga "justicia" en el juicio contra la empresa sueca Boliden, y ha indicado que la zona afectada está hoy restaurada medioambientalmente y se trabaja por hacer compatible la conservación del ecosistema con el desarrollo económico y social.
Fernández-Pacheco ha indicado que los 89,8 millones que se reclaman es dinero de todos los andaluces, por lo que la Junta acudirá al juicio con "todas las armas que el estado de derecho proporciona" para tratar de recuperar esa dinero, y ha añadido que desde la Junta se trabaja para que el futuro de la mina sea posible y para que un desastre medioambiental de esa magnitud jamás vuelva a producirse.
El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha coincidido con Fernández-Pacheco en que confía en que "se haga justicia" y Boliden asuma el coste de los "daños muy importantes" que "generó la empresa" sueca.
Espadas ha considerado que este caso "es un ejemplo de que la justicia cuando es tardía a veces no es justicia" y ha subrayado que el Gobierno andaluz "desembolsó una cantidad enorme para la restauración de toda esa zona afectada".
Sin embargo, según ha lamentado, "Boliden, una vez tras otra, se ha ido situando ante la falta de responsabilidad en querer asumir todos esos costes de restauración del cauce del Guadiamar y todo lo que fue la retirada de aquellos lodos".
"Espero que de una vez por todas se haga justicia y los andaluces, en este caso con el dinero y los impuestos de todos los andaluces y las andaluzas, no seamos los pagaderos una vez más de lo que fue en definitiva un problema que generó la empresa. Un problema que generó daños muy importantes, cuantiosos a los que debe hacer frente, como no puede ser de otra manera y así lo he entendido siempre, la empresa Boliden", ha dicho.