La Junta de Andalucía ha rechazado este pasado martes la propuesta del Gobierno central que establece el reparto de menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla entre las comunidades autónomas. Según el plan presentado en la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, a Andalucía le corresponderían 677 menores, más que a ningún otro territorio.
La propuesta del Ejecutivo excluye a Cataluña y el País Vasco, lo que ha generado fuertes críticas desde el Gobierno andaluz. La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha sido tajante: “La propuesta nos lleva a dos opciones: o velar por el interés del menor o velar por el interés del sillón de Pedro Sánchez, y la opción de Andalucía es la primera”.
Desde la Junta se advierte de que este reparto forzado pone en serio riesgo el funcionamiento del Sistema de Protección de Menores de Andalucía, que, según denuncian, “está al límite de la ocupación”. “Corre el riesgo de reventar, poniendo en peligro la atención de los niños”, ha alertado la propia consejera.
Andalucía denuncia exclusión política en el reparto
Loles López ha cargado duramente contra lo que considera una maniobra política. “A Andalucía destinan 677 menores, mientras que el País Vasco y Cataluña, de cuyos apoyos depende el sillón de Sánchez, quedan excluidos del reparto”, ha denunciado. A su juicio, el Ejecutivo central “opta por la imposición” en lugar del consenso.
La Junta también ha puesto sobre la mesa los 634 menores migrantes que ya están siendo atendidos en la comunidad “bajo la apariencia de mayoría de edad”, según la consejera, y que habrían sido trasladados sin planificación por parte del Estado. “Andalucía los está atendiendo a pulmón”, ha dicho López.
Pese a las críticas, la consejera ha remarcado que la solidaridad de Andalucía “es incuestionable”, pero insiste en que cualquier acogida debe hacerse “dentro de la capacidad real” del sistema. De lo contrario, no solo se vería comprometida la atención a los nuevos menores, sino también a los que ya están bajo tutela.
Acusaciones directas al Ejecutivo central
López ha ido más allá al calificar la política estatal como una mera estrategia de supervivencia política. “Para el Gobierno, los menores migrantes son mercancía y moneda de cambio para mantenerse en el poder”, ha dicho, y ha acusado al Ejecutivo de “apilar niños en edificios” como única medida de protección.
En la reunión sectorial celebrada en Madrid, Andalucía estuvo representada por Concha Cardesa, secretaria general de Familias, y Paco Mora, director general de Infancia, quienes trasladaron la postura de la Junta al resto de comunidades y al Gobierno.
