La Junta de Andalucía ha intensificado la lucha contra las edificaciones ilegales en suelo rústico desde la entrada en vigor de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (Lista). Según datos del Gobierno andaluz, desde finales de 2021 se han ejecutado 1.590 precintos, lo que supone cerca de 400 actuaciones anuales y un cambio significativo en la inspección urbanística.
El año 2025 ha concluido con 351 precintos, cifra similar a la de años previos, pero que se acompaña de un notable incremento de los reprecintos, una modalidad de actuación que se ha consolidado con la Lista. Además, la inspección ha intervenido sobre 351 parcelaciones urbanísticas en suelo rústico durante el pasado año.
La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha destacado que estas cifras demuestran que la LISTA “funciona” y que ha permitido reforzar la vigilancia y la respuesta frente a infracciones. Díaz ha subrayado que con las nuevas políticas se ha pasado de una situación de “nula actividad preventiva” en 2018, cuando no hubo precintos, a un escenario operativo sostenido.
Más control en suelo rústico y auge de los reprecintos
La Junta recuerda que el precinto implica la prohibición inmediata de continuar obras o usos ilegales hasta la resolución del procedimiento. A diferencia de etapas anteriores, la actividad inspectora se centra ahora también en verificar que no se reanudan obras ya paralizadas, mediante los reprecintos, que en 2025 han alcanzado casi 400 actuaciones. Estas intervenciones cuentan con apoyo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, especialmente la Policía Autonómica.
La Lista atribuye a la Junta competencias directas para actuar ante infracciones con incidencia territorial, agilizando el control de las parcelaciones ilegales en suelo rústico. Esta vigilancia incorpora el régimen sancionador previsto en el artículo 161, donde la reanudación de obras tras precinto se califica como infracción muy grave, con multas de hasta 120.000 euros.
Aumentan las autodemoliciones incentivadas por multas coercitivas
El Gobierno andaluz ha llevado a cabo demoliciones en 2025 en municipios como Barbate o Tabernas, pero destaca sobre todo el ascenso de las autodemoliciones, una figura “prácticamente inexistente” en años anteriores. Este año se han contabilizado 54 casos, que han afectado desde vallados, piscinas, casetas y elementos comunes hasta viviendas ilegales.
La Junta vincula este cambio a las multas coercitivas progresivas y a la reducción de sanciones cuando el infractor ejecuta voluntariamente la retirada. En paralelo, se han calendarizado nuevas actuaciones para 2026, con tres intervenciones destacadas en la provincia de Cádiz que afectan a más de un centenar de lotes entre suelo rústico común y protegido.