La Consejería de Turismo y Andalucía Exterior ha hecho balance: desde 2024 hasta hoy se han cancelado 10.266 viviendas de uso turístico (VUT) en la comunidad. Una cifra que responde a las medidas de control, regulación y ordenación impulsadas por la Junta en estrecha coordinación con los ayuntamientos.
Según los datos de la Dirección General de Ordenación Turística, las cancelaciones se han producido tanto por iniciativa de los consistorios como de la propia Consejería, en función de la normativa urbanística y turística vigente. Se trata de una actuación sin precedentes en un contexto marcado por la presión del turismo sobre los centros urbanos.
Málaga lidera las cancelaciones
Por provincias, Málaga encabeza la lista con 3.812 viviendas dadas de baja, de las cuales 1.280 corresponden a la capital. Le sigue Granada con 1.807 (988 en la capital), Cádiz con 1.352 (471 en la capital) y Sevilla, que suma 1.198, de las que 1.067 se concentran en la capital hispalense. El listado continúa con Almería (686), Córdoba (679), Huelva (403) y Jaén (329).
El impacto en las capitales es especialmente relevante: representan el 45 % del total de cancelaciones, lo que evidencia el peso de este fenómeno en los grandes núcleos urbanos.
“El residente es actor decisivo”
El consejero de Turismo, Arturo Bernal, ha destacado que “la gestión turística no está pensada sólo para el visitante”, subrayando que el residente es “un actor decisivo a la hora de planificar nuestras políticas”. Para ello, la Junta ha firmado ya seis convenios con ciudades como Sevilla, Málaga, Granada, Cádiz, Jerez de la Frontera y Almería, y prepara otros con Córdoba, El Puerto de Santa María o Alhaurín El Grande.
Bernal ha insistido en que las cifras “demuestran que el trabajo está dando resultados” y ha puesto en valor la mejora de la coordinación administrativa para una gestión “eficiente y ágil”. El consejero ha recordado que desde hace tres años la Junta solicita una Conferencia Sectorial al Ministerio de Turismo para abordar la proliferación de las VUT en todo el país, sin haber recibido respuesta. “Es una de las principales industrias de España y necesita soluciones conjuntas”, ha lamentado.
En paralelo, la Consejería mantiene activo un Plan de Inspección Programada, con especial atención a la lucha contra la clandestinidad en este tipo de alojamientos. El nuevo decreto sobre viviendas turísticas también introduce cambios clave: permite a los ayuntamientos limitar, por razones de interés general, el número máximo de viviendas por edificio, zona o periodo. Además, abre la puerta a firmar convenios con otras administraciones y entidades privadas para intercambiar información y reforzar la labor inspectora.
Con estas medidas, la Junta asegura que avanza en un modelo turístico más equilibrado, que garantice el cumplimiento de la normativa y preserve la calidad de vida de los residentes.