"Aquí nadie respeta ningún derecho. Los jefes hacen lo que quieren, no respetan ningún derecho. No paga bien, deja que la gente trabaje como burros, no hacen las cosas bien. Las cosas de trabajo aquí son muy duras, también muy feas", dice un hombre de 27 años que vive en el asentamiento Don Domingo, en Níjar. "A veces no hay trabajo, no hay buena vida, no hay felicidad, no hay cosas buenas. Aquí no puedes vivir tu vida, tienes que estar siempre aquí”, comenta un hombre del asentamiento Atochares, en el mismo pueblo.
Son dos de los miles de migrantes que viven en chabolas en Andalucía, sobre todo en las provincias de Almería y Huelva. Se calcula que unas 7.000 personas viven en asentamientos de la provincia almeriense, unos 5.000 en la onubense. Miles que viven en chabolas construidas con palets de madera, cartón y plástico, normalmente materiales desechados de los invernaderos.
"Vivir o residir en asentamientos chabolistas cerca de los cultivos no solo tiene graves riesgos específicos para la salud y la seguridad, sino que son condenas a la exclusión social y al ejercicio de trabajos que dependen de la buena voluntad de los empleadores", reseña la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) en su informe Derechos Humanos en la Frontera Sur 2024. Las fronteras internas en Andalucía: las vulneraciones de derechos en los asentamientos de Huelva y Almería.
El trabajo de campo realizado por la entidad andaluza documenta que las trabajadoras migrantes viven en infraviviendas sin luz ni agua, alejadas de los núcleos urbanos, con riesgo de sufrir incendios, con dificultades para acceder a la Sanidad y a la escolarización de menores y son víctimas de todo tipo de abusos en el ámbito laboral.
Las provincias de Almería y Huelva, en Andalucía, están a la cabeza en explotaciones bajo plástico, acumulando casi el 90% del total de la superficie dedicada a las explotaciones de este tipo en la comunidad. La almeriense representa el 63,9% y la onubense el 25,3%. Para sacar adelante estos trabajos, principalmente, se sirven de población migrante.
Almería es la provincia andaluza con mayor concentración de población extranjera, con un 22,3% de las personas censadas, unas cifras que no engloban a las personas en situación irregular no registradas en los padrones municipales. En Huelva, este porcentaje es el 10,57% de la población censada. Sin censar hay muchos más.
"Las características del sector agrario, determinadas por la temporalidad y la precariedad, dificultan el acceso a derechos laborales y sociales básicos, por ejemplo, la falta de acceso a la prestación por desempleo por la baja afiliación a la Seguridad Social, derechos sanitarios o de servicios sociales hacen que el trabajo en la agricultura sea muy poco atractivo para la población autóctona", destaca la Apdha en su informe.
Con los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social de 2024 en la mano, se constata que en Almería el 59% de las afiliaciones de personas extranjeras lo son al sector agrícola. El porcentaje es más alto en Huelva, donde se encuentran en el sector agrícola el 68% de los afiliados extranjeros. Pero no hay datos sobre los migrantes en situación que trabajan en el campo andaluz. La Apdha, teniendo en cuenta que se necesitan entre tres y cinco trabajadores por hectárea, estima que hay más de 25.000 trabajadores sin contrato solo en la provincia de Almería.
"Aunque la agricultura intensiva es el motor económico de estas dos provincias, generando grandes beneficios económicos, las condiciones laborales de los trabajadores migrantes son sumamente precarias", incide Carmen Vásquez, una de las investigadoras de Apdha que ha participado en la confección del informe.
"Son muchos los problemas que afronta cotidianamente este colectivo, entre los que destacan infraviviendas construidas con materiales desechados, la falta de agua potable, electricidad y saneamientos, la cronificación de la situación para las personas que residen permanentemente en estos lugares, la vulnerabilidad de los niños, mujeres y jóvenes ex tutelados, problemas de salud vinculados a condiciones de vida insalubres...", enumera la investigadora.
Macarena Olid, vicecoordinadora de la Apdha, destaca que los autores del documento, "sobre el terreno, han conocido de primera mano la realidad de los asentamientos, han entrevistado a las personas obligadas a vivir en esas condiciones y se han puesto en contacto con las entidades y colectivos que les brindan ayuda y apoyo así como con los responsables de las administraciones públicas que obvian sus obligaciones para con estas personas".
La Apdha, para atajar estos problemas, propone "soluciones habitacionales a partir de la construcción de viviendas sostenibles y accesibles, regularización laboral y mejoras en las condiciones de trabajo, políticas inclusivas con programas específicos para mujeres y niños en situación de vulnerabilidad, un enfoque integral con coordinación entre las administraciones y una supervisión ambiental que establezca controles para minimizar el impacto negativo de la agricultura intensiva".
2.465 fallecidos o desaparecidos en 2024
El balance migratorio también refleja datos escalofriantes, con al menos 2.465 personas fallecidas o desaparecidas intentando acceder al país. "Más del 75% de esas personas fallecidas lo han hecho mientras transitaban por la ruta canaria, la más mortífera y que se ha convertido casi en la única posible para las personas procedentes de África occidental", destaca la Apdha.
El informe recuerda que 2024 es el segundo ejercicio de toda la serie histórica con más llegadas a la frontera sur española, con un total de 64.048 personas que llegaron tanto por vía marítima como terrestre, solo superado por el año 2018 en los registros históricos que elabora la asociación desde 1988.
Ana María Rosado, coordinadora del documento, apunta que "en 2024, de media, cada día accedieron a territorio español por vías irregulares 175 personas, de las cuales 128 lo hacían a alguna de las Islas Canarias, 15 accedían por Andalucía, 24 por la ruta de Levante y 8 lo hacían a Ceuta y Melilla".
Rosado lamenta “el bochornoso espectáculo del pasado verano, cuando, por intereses políticos, algunos partidos han instrumentalizado y han mercadeado con la infancia migrante o con las personas que se desplazaban desde las Islas Canarias hasta la península”. La coordinadora del Informe Frontera Sur explica que “el vacío de noticias típico del verano y los discursos racistas y xenófobos que se lanzaron provocó que la inmigración pasara de ser la cuarta a la primera preocupación de los españoles según el CIS durante el mes de julio”.
Durante los últimos cinco años se concentran casi 11.000 muertes de las 19.363 que registradas por la Apdha durante los últimos 37 años, lo que revela que "las políticas de militarización y externalización de fronteras en terceros países ha empeorado la situación de las personas que necesitan acceder a territorio seguro, al tiempo que tenemos un sistema de asilo cada vez más restrictivo y prácticas que, como las devoluciones en caliente, vulneran sistemáticamente los derechos humanos", incide la coordinadora.
