Alfonso Basterra pondrá pie en la calle por primera vez desde que en 2015 fue condenado a 18 años de prisión por el asesinato de su hija adoptiva Asunta, de 12 años. El juez de vigilancia penitenciaria ha dado luz verde a un permiso de cuatro días tras recibir el informe favorable de la junta de tratamiento de la cárcel de Topas, en Salamanca, centro al que Basterra fue trasladado hace aproximadamente un año.
La noticia ha sido adelantada por el periodista de investigación Alejandro Entrambasaguas en Fiesta de Telecinco. Según explicó, el informe de la junta llegó el viernes pasado y el juez autorizó la salida de inmediato. El permiso podrá hacerse efectivo desde este mismo lunes.
La autorización no es, sin embargo, incondicional. Basterra deberá presentarse a diario en una comisaría, facilitar la dirección donde se alojará y permanecer localizable en todo momento.
Años de negativas por no reconocer los hechos
El camino hasta este primer permiso no ha sido sencillo. Basterra cumplió la cuarta parte de su condena en 2018, pero no solicitó el tercer grado hasta principios de 2023, alegando que esperaba ser excarcelado cuando se reconociera que su condena era fruto de un error judicial. La petición fue rechazada por la gravedad del delito y por la ausencia de arrepentimiento.
Según Entrambasaguas, la negativa a reconocer los hechos había bloqueado hasta ahora cualquier permiso, a pesar de su buen comportamiento en prisión. Basterra mantiene hoy que es inocente.
Una novela, un traslado y una relación sentimental
En enero de 2025, Basterra publicó Cito, una novela escrita durante su estancia en la cárcel de Teixeiro y dedicada a Asunta. El libro, editado por Vitruvio y ambientado en un pueblo castellano de los años 40, le puso en contacto epistolar con una mujer con la que inició una relación. Fue precisamente para estar más cerca de ella por lo que solicitó, y obtuvo, el traslado a Topas.
El cuerpo de Asunta fue hallado en una pista forestal del municipio coruñés de Teo en la noche del 21 de septiembre de 2013, pocas horas después de que sus padres denunciaran su desaparición. La autopsia determinó que murió asfixiada esa misma tarde. Su cuerpo presentaba una dosis tóxica de lorazepam, y los análisis revelaron que había sido sedada de forma continuada durante los tres o cuatro meses anteriores a su muerte. El jurado popular declaró culpables a ambos progenitores por unanimidad, tras cuatro jornadas de deliberación. Rosario Porto, la madre, se quitó la vida en prisión en 2020.