El alcalde de Noblejas, Agustín Jiménez, afronta este martes su segundo día de huelga de hambre para reclamar la construcción de un instituto en su municipio. La jornada incluye una convocatoria a los medios de comunicación para explicar los motivos de su protesta.
No es la primera vez que Jiménez recurre a esta forma de protesta. Hace trece años protagonizó otra huelga de hambre, esta vez para denunciar los impagos del Gobierno de Castilla-La Mancha, que había cambiado del PSOE al PP bajo la presidencia de María Dolores de Cospedal.
En aquella ocasión, la protesta no fue individual, ya que el entonces alcalde de Villahermosa, Isidro Villamayor, se sumó por motivos similares. La huelga comenzó el 17 de febrero de 2012, con ambos regidores expresando que, a pesar del dolor físico, mantenían el ánimo intacto por defender los intereses de sus localidades.
Jiménez, que entonces ocupaba la vicepresidencia de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) en Castilla-La Mancha, desarrolló la protesta en el Ayuntamiento de Noblejas, tras coordinarse previamente con Villamayor. Se trataba de una protesta dirigida a presionar al Gobierno regional para que resolviera los problemas de liquidez que afectaban a los consistorios.
La anterior huelga
La huelga concluyó seis días después, el 23 de febrero de 2012, tras anuncios de mecanismos del Ministerio de Hacienda que permitirían a los ayuntamientos pagar las facturas pendientes. En esa ocasión, Jiménez también reconoció el papel del presidente regional de la FEMP, Santiago Lucas-Torres, en la mediación con el Gobierno. Villamayor, en cambio, había suspendido la protesta un día antes debido a un deterioro de su salud, registrado tras un examen médico que detectó bajos niveles de azúcar, caída de tensión y frecuencia cardiaca mínima.
En su actual protesta, Jiménez inició el ayuno el lunes a las 7.00 horas, reclamando la construcción del Instituto de Educación Secundaria en Noblejas. Denuncia que desde 2011 los esfuerzos del municipio para avanzar en la infraestructura han encontrado un “silencio absoluto” por parte de la Junta, lo que interpreta como un desprecio hacia la localidad, sus habitantes y los representantes políticos que han defendido el proyecto.