El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha avalado la sanción impuesta a Airbnb por el Ministerio de Consumo, que asciende a más de 64 millones de euros, tras desestimar la solicitud de la empresa para suspender cautelarmente el pago de la multa. La decisión judicial supone un respaldo a la actuación del Gobierno frente a las prácticas detectadas en la plataforma de alquiler de alojamientos turísticos.
La resolución del tribunal rechaza las medidas cautelares solicitadas por la compañía, que pretendía paralizar la ejecución de la sanción mientras se resolvía el recurso presentado contra la misma. La multa había sido impuesta en diciembre de 2025 por el Ministerio de Consumo a raíz de diversas infracciones relacionadas con la publicación de anuncios de viviendas turísticas.
En el marco de la investigación, el departamento ministerial identificó irregularidades en un total de 65.122 anuncios difundidos a través de la plataforma. Estas publicaciones fueron retiradas en julio de 2025 tras la intervención de las autoridades, que consideraron que incumplían la normativa vigente en materia de uso turístico.
Entre las infracciones detectadas se encontraba la publicación de alojamientos sin la correspondiente licencia, así como la inclusión de números de registro que no coincidían con los oficiales. Asimismo, se constató la existencia de anuncios que no ofrecían información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones, lo que fue calificado por Consumo como una práctica de publicidad engañosa.
Los incumplimientos
Por estos hechos, el Ministerio impuso una sanción de 63,98 millones de euros, una cantidad que, según explicó el propio departamento, multiplica por seis el beneficio ilícito obtenido por la empresa durante el periodo en que los anuncios permanecieron activos. A esta cifra se sumaron otras penalizaciones derivadas de infracciones consideradas menores.
Estas últimas incluían incumplimientos relacionados con las obligaciones en contratos celebrados a distancia, así como la negativa o resistencia a facilitar información a las autoridades y el incumplimiento de órdenes o medidas provisionales. El conjunto de todas las sanciones elevó el importe final a 64.055.311 euros, cuya ejecución queda ahora reforzada tras la decisión del tribunal de no suspender su pago de forma cautelar.