El Ministerio de Igualdad ha autorizado un nuevo contrato para la gestión de los dispositivos de seguimiento telemático de agresores machistas, que supondrá la sustitución de las actuales pulseras por tobilleras electrónicas con mayores garantías de seguridad y fiabilidad, según ha anunciado este martes la ministra Ana Redondo.
La titular de Igualdad ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el nuevo contrato tendrá una cuantía de 71 millones de euros, ampliables hasta 111 millones, y una duración inicial de tres años, con posibilidad de prórroga hasta cinco. El objetivo, ha subrayado, es mejorar el sistema de control y evitar manipulaciones de los dispositivos.
"Se va a apostar por un dispositivo de tobillera porque, según nos indican los técnicos, es un dispositivo mucho más fiable, menos manipulable y, por lo tanto, se incorporan también todos los mecanismos antivandálicos que van a permitir que sea mucho más seguro", ha señalado la ministra.
Las nuevas tobilleras incorporarán mecanismos antivandálicos, contarán con mayor duración de batería y dispondrán de una tarjeta eSIM inextraíble, una de las principales mejoras para impedir sabotajes o desactivaciones intencionadas por parte de los agresores.
Más dispositivos y reposición en menos de 24 horas
El contrato prevé además un incremento del número de dispositivos, que alcanzará un total de 17.660 tobilleras a lo largo de su vigencia. Asimismo, se establece un stock mínimo de 2.000 dispositivos disponibles para garantizar que cualquier equipo manipulado o defectuoso pueda ser sustituido en un plazo máximo de 24 horas.
Para reforzar la resistencia de los dispositivos, se mejorará su protección frente al agua y se incorporarán sensores de movimiento y de temperatura corporal, además de pantallas de cristal reforzado, con el fin de detectar posibles intentos de manipulación o retirada.
Otra de las novedades destacadas es que las nuevas tobilleras contarán con geoposicionamiento autónomo, lo que permitirá mantener localizado al agresor incluso si deja intencionadamente el teléfono móvil en su domicilio, una de las lagunas detectadas en el sistema anterior.
Además, se reforzará la seguridad criptográfica para garantizar que los dispositivos del agresor y de la víctima estén permanentemente vinculados, evitando interferencias o desconexiones indebidas.
Refuerzo del control y mejoras en la sala Cometa
El sistema incorporará también mecanismos adicionales de seguridad para impedir la simulación, el falseamiento o la manipulación de los datos que se envían al centro de control de la sala Cometa, encargada de la monitorización de los dispositivos.
Entre las mejoras técnicas, se añadirá una alerta adicional de proximidad, basada en la detección directa vía bluetooth entre el dispositivo del agresor y el de la víctima, que se sumará a las ya existentes.
En paralelo, el Ministerio implementará mejoras en la sala Cometa, que actualmente cuenta con 151 trabajadoras, tanto en el ámbito de la coordinación como en el apoyo psicológico al personal del operativo.
Este nuevo contrato llega después de que se detectaran fallos en las pulseras telemáticas actuales, lo que llevó al Ministerio de Igualdad a abrir dos investigaciones, una interna y otra mediante una auditoría externa, para esclarecer lo ocurrido.
"Fuimos conscientes de que había que mejorar el contrato y de que había que incorporar aquellas mejoras derivadas de las investigaciones", ha afirmado Redondo, quien confía en que las nuevas herramientas hagan el servicio "mucho más eficaz y eficiente".
La ministra ha reconocido que la tecnología "puede fallar", pero ha insistido en que la respuesta del Gobierno no puede hacerlo, motivo por el que el contrato incluye planes de actualización y seguimiento más exigentes y la obligación de incorporar cualquier mejora tecnológica que surja durante su vigencia.
El acuerdo contempla también la creación de un número 900 exclusivo para la comunicación directa de las víctimas con Cometa y la incorporación de dos especialistas en psicología para atender llamadas que requieran apoyo especializado.
Por último, se refuerza el modelo de gobernanza entre la empresa adjudicataria y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, con mayores controles de calidad, seguimiento y registro de datos, así como nuevos procedimientos para garantizar una transición ordenada si cambia la empresa prestataria del servicio.