Adiós a los Juzgados de Paz tras dos siglos de historia: nacen las Oficinas Municipales de Justicia

Estos órganos se encuentran en todos los municipios donde no existe Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, lo que supone que actualmente hay en España unos 7.700

Un Juzgado de Paz, en una imagen de archivo.
Un Juzgado de Paz, en una imagen de archivo. ISSE PRAXX
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Todos los ayuntamientos de España van a contar con Oficinas Municipales de Justicia, con independencia de su población. Se prevé la transformación de 7.700 Juzgados de Paz.

En los ayuntamientos grandes están los juzgados en el sentido tradicional pero en aquellos municipios más pequeños que ahora tienen un Juzgado de Paz, cambia el concepto y se pasa a denominar Oficinas Municipales de Justicia.

Según la ministra de Justicia Pilar Llop estas oficinas van a permitir a cualquier ciudadano “acceder a un recurso de Justicia en igualdad de condiciones, en cualquier lugar del territorio en el que se halle".

Los Juzgados de Paz se encuentran en todos los municipios donde no existe Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, lo que supone que actualmente existen en España unos 7.700.

De ellos, 1.109 disponen de instalaciones propias y funcionarios de la Administración de Justicia prestando servicio en los mismos -2.700 actualmente más los respectivos jueces de paz que no son profesionales-. La población residente en estos municipios es de más de 14 millones de habitantes.

El reto demográfico

Las Oficinas Municipales de Justicia son una de las 130 medidas frente el reto demográfico, medidas que se alinean con los contenidos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que se articulan en torno a diez ejes. En el séptimo de estos ejes, relativo al refuerzo de los servicios públicos, e impulso a la descentralización, aparecen contempladas las Oficinas Municipales de Justicia.

La medida prevé la transformación de los 7.700 Juzgados de Paz en Oficinas que faciliten a la ciudadanía su relación con la Administración de Justicia -registro civil, expediente judicial, juicios telemáticos, registros y justicia gratuita.

Los objetivos señalados son cuatro: acercar la justicia a la ciudadanía, ser la ventana de la Administración General del Estado en el mundo rural, reducir la brecha en un momento de transformación digital y disminuir los desplazamientos de la ciudadanía y el funcionariado y las concentraciones de personas en edificios públicos.

 La ministra de Justicia con los representantes de la FEMP. JUSTICIA
 La ministra de Justicia con los representantes de la FEMP. JUSTICIA

“Una Justicia más próxima, eficiente, sostenible y digital". La fase piloto está en marcha en municipios de Albacete y próximamente en Formentera: conecta, por medios electrónicos y por videollamada, con los tribunales, con las gerencias territoriales del Ministerio de Justicia y órganos equivalentes de las comunidades autónomas (CCAA), con los colegios profesionales, o con las oficinas de asistencia a las víctimas.

“Hemos concebido unas sedes físicas desde las que las personas podrán realizar sus trámites judiciales de manera segura, evitando así desplazamientos a otros municipios y serán recibidos y atendidos por alguien que les ayude y resuelva sus dudas de forma gratuita, algo fundamental, sobre todo, para las personas más vulnerables", ha explicado la ministra de Justicia.

La ministra ha señalado que esta transformación en la que está inmersa la Administración de Justicia no sería posible sin la implicación y la cogobernanza entre el Ministerio que lidera, las CCAA, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y la FEMP.

Tras casi dos siglos de existencia de los Juzgados de Paz, las competencias que históricamente se les habían atribuido han quedado reducidas a las auxiliares de Registro Civil y la práctica de determinados actos de comunicación solicitados por vía de auxilio judicial.

Las primeras están llamadas a desaparecer a corto plazo con la entrada en vigor de la nueva ley de Registro civil y la desjudicialización del mismo, y las segundas con la plena introducción de las comunicaciones electrónicas.

Esta situación supone que se están dedicando unos cuantiosos recursos económicos para soportar una estructura administrativa que no presta servicios suficientes a la ciudadanía, a la vez que un importante número de ciudadanos (el 30’45% de la población española) tiene que desplazarse al municipio cabeza del partido judicial del que depende o incluso a la capital de su provincia, para llevar a cabo actuaciones judiciales o, simplemente, tener acceso o solicitar documentación de los procedimientos en los que son parte.

“Con el proyecto de Oficinas de Justicia se pretende dar respuesta a ambos problemas, ofreciendo a los ciudadanos unos servicios sin tener que desplazarse como hasta ahora, a la vez que se aprovechan los medios de los que se dispone actualmente en esos municipios. De esta forma se refuerza la accesibilidad a los servicios en todo el territorio, en especial en las áreas en riesgo de despoblación, y se genera una intermediación para las personas que tienen dificultades para aproximarse a la digitalización, especialmente las personas mayores”.

Se pretende que en estas Oficinas se preste servicio a los ciudadanos no sólo en materia de procedimientos judiciales en los que son parte, sino también otros relacionados con distintas áreas de la Administración Pública. Una primera aproximación a los servicios a prestar sería la siguiente: información general del estado de tramitación de procesos judiciales; posibilidad de realización de cualquier gestión de índole procesal con cualquier órgano judicial; posibilidad de ofrecer en sus instalaciones puntos de acceso a personal judicial que preste servicios en cualquier órgano judicial del territorio español; practicar de actos de comunicación procesal con ciudadanos residentes en el municipio; facilitar el acceso de los ciudadanos al Registro Civil; o prestación de los servicios de MASC.

El personal que presta servicios en los actuales Juzgados de Paz está llamado a tener un cometido destacado en este proyecto.Este proyecto se va a coordinar con otras instituciones (Ministerios, Comunidades Autónomas y la FEMP) y contempla la posibilidad de ampliar progresivamente servicios como el acceso a certificados, estado de tramitaciones otras Administraciones o la posibilidad de utilizar la Oficina como coworking por personal de cualquier Administración aprovechando las infraestructuras puestas en marcha para el Servicio Público de Justicia.

Sobre el autor:

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Pepe Contreras

Ha desarrollado una amplia trayectoria en prensa, radio, televisión, internet, logística, como asesor empresarial y en la Administración General del Estado. Analista de política y economía. Mantiene desde 2005 su propio blog y es pionero en el uso de redes sociales. El blog de Pepe Contreras / Twitter Pepe Contreras (@pepeconjerez

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