El Gobierno y los sindicatos han alcanzado un acuerdo que permitirá que 3,5 millones de funcionarios públicos vean incrementado su sueldo un 11 % en cuatro años (desde la próxima nómina hasta 2028), después de que una reunión clave consiguiera romper el bloqueo generado a inicios de semana. La discrepancia principal, según detallaron las organizaciones, giraba en torno a la subida prevista para este año, ya que la propuesta inicial del Ejecutivo, del 4 %, era considerada insuficiente por CCOO y CSIF.
El acuerdo establece que los salarios se descongelarán con un incremento del 2,5 % inmediato, seguido de una subida del 1,5 % en enero, a la que se añadirá un 0,5 % adicional si el IPC supera el 1,5 %. El calendario pactado incluye además un aumento del 1,5 % para 2026, al que se sumará otro 0,5 % variable, cuyo pago se ejecutará en 2027 si se cumplen las condiciones. La mejora continuará con un 4,5 % en 2027 y un 2 % en 2028, lo que supondrá una subida acumulada del 11,4 %, según informó Efe.
En paralelo, el pacto incorpora el compromiso del Gobierno de elevar el plus de residencia, equiparándolo al que reciben los funcionarios destinados en Canarias. Así, las cuantías podrán alcanzar 206 euros para las categorías más altas en Mallorca y hasta 410,6 euros en Menorca e Ibiza. La medida afectará a 7.500 empleados de la Administración central y a otros 12.000 pertenecientes a las administraciones locales.
Queda por definir cómo se aplicará la equiparación salarial
Las partes deberán definir ahora, en una mesa específica, cómo se aplicará esa equiparación salarial y si se optará por un mismo plus para todos los niveles o por cantidades diferenciadas según categoría. Según explicaron representantes sindicales, la equiparación se aplicará a partir del próximo año, una vez se cierren los criterios definitivos.
Desde UGT, que había respaldado desde el inicio la subida total del 11 %, se insistió en que este avance supone un hito significativo. Su responsable en Baleares, Miguel Ángel Romero, había calificado recientemente la equiparación como "un hecho histórico" para el sector público. CCOO y CSIF, más reticentes al principio, también sumaron su apoyo tras la mejora de la oferta salarial que llegó después de que ambos rechazaran hace una semana un alza del 10 %.
La secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, se reunió dos veces esta semana con los sindicatos para ultimar un acuerdo que, además de las subidas salariales, incluye la eliminación de la tasa de reposición, la agilización de los procesos selectivos y el refuerzo de plantillas, así como la creación de una comisión de seguimiento que verificará el cumplimiento de todas las medidas. El acuerdo permitirá cerrar un año en el que los sueldos públicos habían permanecido congelados tras expirar el pacto anterior sin renovación inmediata.