Una de las 30.000 interinas en fraude de ley que tiene Andalucía: "Nos podemos ver en la calle; es un ERE encubierto"

Empleados públicos que llevan años como interinos en fraude de ley por abuso de temporalidad impulsan una Iniciativa Legislativa Popular con la que buscan que el Gobierno andaluz les aporte una solución legal

Interinos Protesta Parlamento

María José Cobo, trabajadora social, hizo las maletas en 2007 desde su Huelva natal hasta Jaén. Después de entrar en bolsa tras aprobar un examen de oposiciones, ocupó un puesto en la Junta de Andalucía, esperando que en un año, o dos como mucho, hubiera plazas disponibles y ella ocupara una de ellas tras aprobar las pertinentes oposiciones. No fue hasta 2020 cuando, en plena pandemia, salieron unas 200 plazas de consolidación, a la que se presentaron 3.000 trabajadores sociales de toda la comunidad. Sólo aprobaron 45 el primer examen, que es eliminatorio. “Fue muy complicado, no querían que consolidáramos los puestos. Ni tuvieron en cuenta nuestros méritos”, reclama.

Como María José, unos 30.000 empleados del sector público andaluz son interinos en fraude de ley por abuso de la temporalidad. Su intención es que la Junta reconozca sus méritos y puedan regularizar su situación. Son años de lucha que, de momento, no tienen final feliz. En 2019 consiguieron que se aprobara en el Parlamento andaluz una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), respaldada por más de 50.000 firmas, que sigue sin hacerse efectiva.

La palabra que más repite Cobo es “incertidumbre”. En cualquier momento pueden ocupar su puesto y verse “en la calle, en paro, sin tener reconocimiento”. “Es un ERE encubierto”, sostiene, ya que “en una empresa privada hace mucho que seríamos fijos”. "No nos han dejado consolidar nuestra plaza”, reseña la trabajadora social. Algo que se puede hacer acogiéndose al artículo 61,6 del Estatuto Básico del Empleado Público, donde se contempla la selección de funcionarios, de forma excepcional y por ley, por valoración de méritos.

A la provincia jienense, María José Cobo se llevó a toda su familia, a su marido y sus niños pequeños, cuando vio que las oposiciones no se iban a convocar como estaba previsto. “El 18 de mayo hago 14 años como interina”, cuenta. “Se suponía que al año de estar trabajando tendrían que salir nuestras plazas”, recuerda, pero no fue hasta 2020 cuando se convocaron. “Seguiré trabajando hasta que alguien ocupe la plaza, aunque no sabemos lo que va a pasar porque no se van a cubrir todas las que salieron, no ha aprobado la suficiente gente”, dice.

Cuando llegue ese momento, “¿qué va a pasar con los dependientes a los que valoramos para que les den un grado de dependencia y puedan optar a una serie de ayudas?”, se pregunta. “Si no hay nadie que los valore, y para ello se necesitan cursos de formación, no se podrá hacer este trabajo”. Ahora mismo están inmersos en un plan de choque que busca recuperar el tiempo perdido por la pandemia.

“Llevamos un año y 7 meses desde que se aprobó la tramitación de la primera ILP que se toma en consideración en 31 años, y ahora el Parlamento la tiene paralizada y olvidada”, denunció hace unos días el portavoz de la ILP, David Núñez. “Representamos a 51.630 ciudadanas y ciudadanos andaluces que nos dieron su firma para traer esta Ley al Parlamento a través del escaño 110, y defendemos el derecho de 30.000 empleados públicos de la Junta de Andalucía a no perder su empleo”.

En una concentración celebrada hace unos días frente al Parlamento andaluz, los impulsores de la ILP pudieron hablar con representantes de todos los partidos presentes en la Cámara, excepto del PP. “Es sólo cuestión de voluntad política, como ha demostrado el Parlamento de La Rioja, que aprobó una Ley el pasado 29 de marzo para hacer fijo a este colectivo directamente, sin ningún tipo de proceso selectivo. Y como ha demostrado la comunidad autónoma de Canarias, que acaba de aprobar la exclusión de estos empleados públicos de los procesos selectivos de estabilización, para que continúen en sus puestos de trabajo mientras la Administración estudia la forma legal de formalizar esta solución”, explicaba el portavoz de la ILP.

La tramitación parlamentaria lleva paralizada desde octubre, cuando finalizaron las comparecencias de las organizaciones y asociaciones a favor y en contra de la ILP. “Es urgente que las enmiendas registradas se incluyan en el orden del día de la comisión de Presidencia y que el dictamen de la comisión se envíe al pleno del Parlamento para el debate y votación final por parte de los grupos parlamentarios”, insistió David Núñez. Los promotores también pidieron a la Junta que paralice las oposiciones de estabilización, porque “los funcionarios interinos ya aprobaron unas oposiciones pero sin plaza como requisito para su nombramiento, hace ya 12, 17 y hasta 29 años”.

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