El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla celebrará el próximo martes 25 la comparecencia de la directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, y de sus dos predecesores en el cargo, Miguel Ángel Guzmán y Diego Agustín Vargas. Los tres acuden en calidad de investigados en las diligencias previas 2476/2024, abiertas por la contratación de emergencia realizada en el SAS una vez derogada la normativa excepcional aprobada durante la pandemia de Covid-19.
Según la providencia dictada el 1 de septiembre por el titular del juzgado, José Antonio Gómez, las declaraciones comenzarán a las 10.00 horas con Miguel Ángel Guzmán, continuarán a las 10.45 con Diego Agustín Vargas y finalizarán a las 11.30 con la comparecencia de Valle García. Los tres responsables ya acudieron a este mismo órgano judicial en noviembre de 2024, cuando solicitaron el archivo de la causa y la imposición de una fianza de 15.000 euros a cada parlamentario socialista que presentó la denuncia.
Guzmán dirigió el SAS entre noviembre de 2019 y julio de 2022, antes de ocupar la Viceconsejería de Salud y Consumo hasta diciembre de 2023. Vargas estuvo al frente del organismo entre agosto de 2022 y diciembre de 2023, mientras que García asumió la dirección en diciembre del año pasado.
La investigación deriva de una denuncia presentada por 31 diputados del Grupo Socialista, a la que se sumó Podemos Andalucía. Ambas formaciones ejercen la acusación popular y sostienen que pudo cometerse un delito de prevaricación en la adjudicación de 242 millones de euros tras la expiración del Decreto-ley 8/2020, que habilitó medidas urgentes durante la pandemia.
El juez Gómez ha rechazado la petición de PSOE y Podemos de aplazar las comparecencias de los investigados y las testificales celebradas el pasado día 18, pese a que los partidos alegaron retrasos en la entrega de documentación por parte del SAS. El magistrado ha requerido además al servicio sanitario que facilite el contenido del expediente de Fondos Europeos posterior al informe elaborado por José Antonio Miranda, entonces director general de Gestión Económica y Servicios, quien declaró como testigo el pasado martes.
Las peticiones del juez
En otra providencia, fechada el 1 de septiembre, el instructor reiteró la orden para que la Dirección General de Gestión Económica y Servicios remita el expediente completo que sustentó el informe de verificación de gastos financiados con fondos europeos, relacionados con contratos de emergencia vinculados a la segunda fase del antiguo Hospital Militar de Sevilla.
El procedimiento avanza en paralelo a las diligencias que tramita el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz, donde se investiga el presunto fraccionamiento de contratos por parte del SAS. En este caso, la instrucción fue prorrogada seis meses el pasado mes de septiembre.