La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado este miércoles que el fin del estado de alarma supondrá el levantamiento de las medidas "generales" que, como el toque de queda, requieren de este "paraguas" legal. Eso sí, ha defendido que, con el aval de los tribunales y amparándose en la legislación ordinaria, las comunidades autónomas podrán seguir tomando medidas para limitar la movilidad dentro de sus territorios, como ya se hizo a mediados de 2020, tras la desescalada.
"Las comunidades ya tuvieron medidas de contención del movimiento y de la limitación a la actividad pero no desde ese paraguas, que es general. Por tanto ya lo hemos experimentado, no es una iniciativa nueva", ha argumentado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, al ser preguntada sobre cuál es el escenario que se abrirá cuando decaiga el 9 de mayo el estado de alarma, como prevé el Gobierno, si la pandemia de coronavirus no repunta y la incidencia se mantiene en niveles bajos.
En este sentido, Montero ha asegurado que lo que acabarían entonces "son las medidas generales". "Pero lo que no acabará nunca es la competencia que tienen las comunidades para delimitar cuáles son las medidas de seguridad que en su territorio se pueden poner en marcha. Eso es algo importante", ha apostillado.
A este respecto, ha defendido que "tanto la legislación ordinaria" como el "refuerzo" del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) "lo permite, sin tener que recurrir al estado de alarma si no es imprescindible".
De hecho, ha asegurado que desde el Consejo Interterritorial "se seguirán promoviendo instrucciones y normas para toda la población", y que, además, existen "instrumentos suficientes para continuar con esta cogobernanza" con las comunidades autónomas, en la que "cada uno en su marco establece los límites de restricción".
Y en este punto, ha asegurado que esas restricciones "no podrán afectar a derechos fundamentales, salvo que los tribunales así lo decidan", dejado abierta de este modo el alcance que podrían tener esas medidas una vez decaiga el estado de alarma. No obstante, ha apostillado que "la previsión del Gobierno es que no haya que limitar esos derechos fundamentales como se venía haciendo".
"Al menos no, en la medida en que se está limitando en este momento, en la que los ciudadanos, a partir de una hora, salvo por razones justificadas, no pueden salir, incluso de su provincia, sino que ya habrá como nos pasó en el tercer trimestre, un movimiento mucho más normalizado, aunque nunca en la plena normalidad", ha ahondado.
Por tanto, a partir del 9 de mayo, se permitirá de nuevo la libre circulación de personas así como viajar entre comunidades autónomas y entre provincias ya que los cierres perimetrales desaparecerán. Asimismo, se permitirán las reuniones de grupos en espacios públicos y privados. Según ha explicado Diario de Cádiz, el objetivo del segundo estado de alarma era dotar a las comunidades autónomas de un marco jurídico que les permitieran imponer nuevas medidas. Sin embargo, con el fin del estado de alarma, pasarían a tener las competencias las comunidades autónomas, en el seno del Consejo Interterritorial de Salud, pero sin este marco.
Preguntada en concreto por los cierres perimetrales a nivel autonómico, Montero ha asegurado que "podrían desaparecer dependiendo de la incidencia que exista en cada territorio", pero ha admitido que cada territorio puede "poner en marcha algún tipo de medida de restricción que entienda que es conveniente para que no se produzca un incremento en el número de contagios".
Según Montero, esta estrategia funcionó "muy bien" en el tercer trimestre del año pasado, cuando se puso en marcha la desescalada tras el primer estado de alarma decretado en marzo de 2020, aunque ha reconocido que luego llegó la segunda ola y ya fue necesario volver a recurrir a ese instrumento.
"Lo importante es tener instrumentos para que en cada momento se pueda dar una respuesta ajustada, ni más ni menos de las que se requieran. El Gobierno, si hace uso del estado de alarma, lo hace siempre teniendo en cuenta que la salud era lo primero, pero sin abusar de un instrumento que restringe los derechos fundamentales. Es algo que el Gobierno mide con mucha prudencia", ha defendido.
Con todo, la portavoz del Gobierno ha insistido en que confían en que, gracias al aumento de la vacunación que se irá produciendo de aquí a finales del verano, no sea necesario volver a aplicar medidas que limiten los derechos fundamentales.
Y en el caso de que fuera necesario, porque se produjera esa cuarta ola que esperan que no llegue, Montero ha señalado que el instrumento del estado de alarma sigue disponible para cuando sea necesaria. "Parece que podemos caminar sin esa herramienta, pero esta supeditado a la salud de los ciudadanos", ha recalcado.
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