La prolongación de la adjudicación a dedo de los contratos de emergencias desvelada por eldiario.es y denunciada por el PSOE sigue dando mucho que hablar en la política andaluza. El Gobierno de Moreno anunció el martes un cambio en la normativa para evitar que esto siga sucediendo, pero la oposición no lo ve suficiente.
La portavoz socialista, Ángeles Férriz, ha sido muy dura en rueda de prensa este miércoles con las prácticas del Gobierno de Juanma Moreno. Aun así, se ha permitido tirar de chascarrillos para ilustrar la situación y ha terminado parafraseando a Shakira y su último éxito. "Los amigos de Juanma Moreno no lloran, los amigos de Juanma Moreno facturan.
"Si existían circunstancias graves desde el punto de vista sanitario que permitía contrataciones irregulares... cómo es que ese mismo día echaban a 8.000 profesionales sanitarios", ha preguntado Férriz en referencia al argumento utilizado por el portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco.
Desde el PSOE piden al presidente de la Junta que dé explicaciones porque "está muy callado". "Presentamos una batería de preguntas y pediremos expedientes específicos en el Parlamento", ha anunciado Férriz en el Parlamento.
Por Andalucía lo compara con los ERE
El grupo parlamentario Por Andalucía ha señalado este miércoles que ha solicitado informes de la Intervención General de la Junta, entre otra documentación, en relación a la "proliferación de contratos, prórrogas, adendas a contratos de emergencia" con "sospecha de ilegalidad" que "han levantado una nueva y lógica preocupación" porque el modo de proceder al respecto por parte del Consejo de Gobierno del PP-A podría asemejarse al "corazón" del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.
La coalición de izquierdas va a solicitar la comparecencia del Gobierno para que explique lo sucedido. Nieto ha añadido que los "indicios de ilegalidad" que atisba tras ese caso y "este despropósito político en el que un Consejo de Gobierno se obceca en mantener un procedimiento aun a sabiendas de que no es el procedimiento legal estuvo en el corazón" del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y a la anterior administración socialista andaluza le "trajo reproches severísimos de tipo penal a quienes, sabiendo que no estaban haciendo lo correcto, insistían en hacerlo".
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