El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha formalizado un acuerdo marco con clínicas privadas por valor de hasta 533 millones de euros con el objetivo de reducir las listas de espera quirúrgicas. El contrato cuenta con el aval del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (Tarcja), tras la resolución de los recursos presentados por distintas empresas. Finalmente, 38 entidades resultaron adjudicatarias, lo que supone cerca del 72% de las que concurrieron, para un total de 50 centros sanitarios, el 67% de los solicitantes.
El plan contempla una inversión inicial de 231 millones de euros durante dos años, prorrogables por otros dos, lo que eleva su valor máximo hasta los 533 millones. Según fuentes del SAS, los documentos de formalización ya han sido firmados y se ha recopilado la información necesaria para que las centrales provinciales de compras elaboren los contratos derivados. Se prevé que estos comiencen a ejecutarse a partir de mediados de septiembre.
La decisión ha generado críticas por parte de los sindicatos UGT y CSIF en Andalucía. Ambas organizaciones han expresado su rechazo a que la Junta de Andalucía recurra a la sanidad privada en lugar de reforzar con recursos humanos y materiales al sistema público. UGT ha descrito la situación en los centros sanitarios como de colapso en urgencias, sobrecarga en los servicios y esperas prolongadas en la atención primaria, consultas y pruebas diagnósticas.
CSIF ha lamentado que el déficit de profesionales haya derivado en una estrategia de externalización. Según la central, en el último proceso de adjudicación de plazas de médicos residentes solo se cubrió un 21,6% de las 837 vacantes ofertadas, lo que, en su opinión, refleja la falta de atractivo laboral de Andalucía frente a otras comunidades, el sector privado o el extranjero.
La falta de personal
Los sindicatos han cuestionado la eficacia de destinar más de 500 millones de euros a conciertos con la sanidad privada en lugar de reforzar plantillas y mejorar las condiciones de trabajo. Consideran que una inversión directa en los recursos humanos y materiales de los centros públicos habría permitido afrontar con mayor solidez los problemas estructurales del sistema sanitario.
UGT ha reclamado a la Consejería de Salud y Consumo un mayor compromiso con la contratación, la continuidad laboral y la inversión en el sistema público. La organización sostiene que las políticas actuales condenan tanto a profesionales como a usuarios a un deterioro progresivo del servicio, mientras se opta por recurrir de manera reiterada a soluciones externas.