La coordinadora general de Más País Andalucía y coportavoz federal de la formación, Esperanza Gómez, considera “inexplicable que continúen cerrados o bajo mínimos una enorme cantidad de centros de atención primaria y que no se vuelva a la normalidad en cuanto a la presencialidad de la asistencia médica”. La máxima responsable en Andalucía de Más País ha denunciado “la extrema debilidad que vive la sanidad pública andaluza y la situación límite que sufren sus servicios básicos y trabajadores en muchas zonas, como la Costa del Sol o el Aljarafe sevillano, algo que repercute di rectamente en el menoscabo de la calidad de la sanidad que los ciudadanos/as reciben”.
A juicio de Esperanza Gómez, “en situación de pandemia este deterioro está alentado y fomentado desde la Junta de Andalucía, sólo se puede explicar si son intereses económicos y de beneficio del sector privado los que están detrás de las decisiones del ejecutivo andaluz”.
La coportavoz federal de Más País considera que “miles de familias andaluzas en situación de vulnerabilidad y no tienen recursos para recurrir a seguros privados, enfermos crónicos o aquellos que desarrollan nuevas patologías, están viendo afectados sus derechos básicos de atención en un momento en el que un trabajo adecuado de los sanitarios y el uso racional de los recursos públicos es imprescindible: muchas dolencias no son identificadas a tiempo y la evolución de muchos crónicos ha empeorado notablemente en este año y medio".
"Ya que la Junta de Andalucía, en lugar de defender y fomentar la calidad de su propio sistema sanitario, hace dejación de funciones, nos lleva a elevar a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y presentar en los consistorios mociones que obliguen a la administración autonómica a prestar los servicios que define su propia Ley sanitaria”.
Gómez insiste en que “la saturación de algunos servicios, las largas listas de espera en las especialidades o las deficiencias en la atención primaria, son denunciables al ser flagrantes incumplimientos de las obligaciones legales que recaen en la administración sobre la cobertura sanitaria de la población”.