La Consejería de Sanidad de Andalucía ha puesto en marcha el Observatorio de Agresiones a las Personas Profesionales del Sistema Sanitario Público, un órgano de coordinación interinstitucional destinado a abordar la violencia contra el personal sanitario. La medida busca reforzar la prevención y protección de los trabajadores del sistema público de salud ante el incremento de incidentes en los últimos años.
El nuevo observatorio nace con la participación del Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería, que estará representado por José Miguel Carrasco, presidente del Colegio de Enfermería de Málaga. La Consejería subrayó la importancia de la colaboración con los colegios profesionales para garantizar una actuación homogénea en toda la comunidad autónoma.
Como parte de esta iniciativa, la Junta ha reactivado las mesas provinciales de agresiones, en las que participan los colegios profesionales de cada provincia. Estas mesas permitirán un seguimiento coordinado y una respuesta más ágil ante los casos registrados. El modelo de la provincia de Málaga ha sido tomado como referencia para extender su metodología al conjunto del territorio andaluz.
Durante la constitución del Observatorio, Carrasco defendió un enfoque integral que contemple la realidad de todos los trabajadores que sostienen la asistencia sanitaria, incluyendo tanto al personal clínico como al de gestión y servicios. También propuso que las actuaciones tengan en cuenta los distintos escenarios en los que pueden producirse incidentes, desde los centros de salud hasta los domicilios y entornos comunitarios.
Un paso "esencial"
La Consejería considera que la colaboración entre la administración, los colegios y las organizaciones profesionales es esencial para mejorar la protección del personal y fortalecer las medidas de prevención. Este trabajo conjunto pretende garantizar un entorno laboral más seguro y una atención sanitaria libre de agresiones.
El Observatorio, regulado por el Decreto 141/2025, tiene como principales funciones analizar los datos sobre agresiones, impulsar políticas de prevención, mejorar los sistemas de registro y ofrecer apoyo a los profesionales afectados. Con su creación, la Junta de Andalucía busca consolidar una estrategia coordinada frente a la violencia en el ámbito sanitario.