Una jueza de Madrid ha dictado lo que el abogado de la demandante califica como la mayor indemnización por negligencia médica concedida en España: 13.300.000 euros para una mujer cuyo hijo sufrió graves lesiones neurológicas durante su nacimiento en el hospital de Sagunto (Valencia) el 17 de noviembre de 2019, como consecuencia de una deficiente asistencia sanitaria durante el parto.
La resolución, dictada por la magistrada de la Plaza 103 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid, condena a las compañías aseguradoras de la ginecóloga y la matrona que intervinieron en el parto a abonar 6.106.275 euros más los intereses desde la fecha de los hechos y las costas del procedimiento. La jueza estima íntegramente la demanda y concluye que durante el parto se produjeron "fallos en la vigilancia del bienestar fetal y en la interpretación de las señales de alarma", lo que impidió adoptar a tiempo las decisiones médicas necesarias.
Un niño con parálisis cerebral grave y 87% de discapacidad de por vida
Las consecuencias para el menor son devastadoras e irreversibles. El niño padece una parálisis cerebral infantil grave con afectación cognitiva y de la comunicación comprensiva y expresiva, lo que le obliga a depender de cuidados constantes durante toda su vida. Tiene reconocido un 87% de discapacidad, una cifra que refleja la magnitud del daño causado por la falta de actuación médica adecuada en el momento crítico del parto.
La demandante había acudido a las 6:31 horas del 16 de noviembre de 2019 al servicio de Urgencias del hospital de Sagunto, embarazada de 40 semanas de gestación. Su hijo nació a las 00:05 horas del día siguiente en lo que la propia resolución judicial describe como "un lamentable estado de salud", por lo que fue trasladado al Servicio de Neonatología intubado y posteriormente derivado al hospital Clínico, donde ingresó en la UCI con asfixia perinatal.
La sentencia fija una indemnización proporcional a las necesidades reales del menor
La resolución subraya que la cuantía de la indemnización debe responder a las necesidades reales del menor, teniendo en cuenta la asistencia, los tratamientos y los apoyos que precisará a lo largo de toda su vida. No se trata, por tanto, de una cifra simbólica, sino de una estimación económica de los recursos necesarios para garantizar una vida digna a una persona con una discapacidad tan grave.
El abogado de la demandante, Rafael Martín Bueno, ha destacado en un comunicado que esta resolución "refuerza la importancia de garantizar una adecuada vigilancia del bienestar fetal durante el parto y de actuar con rapidez ante cualquier signo de deterioro". Martín Bueno también ha subrayado que la sentencia pone el foco en la necesidad de asegurar que las víctimas de este tipo de situaciones "cuenten con los recursos necesarios para afrontar las consecuencias derivadas de una discapacidad tan grave", en un fallo que sienta un precedente histórico en la jurisprudencia española sobre negligencias médicas.