El pasado domingo, día 24 de noviembre, un equipo del 061 estuvo ocupado —y por tanto, dejando a la Bahía de Cádiz sin servicio, recuerdan fuentes sindicales— durante más de tres horas al tener que ayudar en la movilización y atender a una paciente con un posible daño medular por un traumatismo, que finalmente fue derivada desde la UCI del Hospital Puerta del Mar a una clínica privada concertada con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para realizarle una resonancia magnética.
Esta derivación se debía a que el Hospital de referencia de la provincia no tiene personal de radiodiagnóstico ni de guardia ni en guardia localizada durante los fines de semana. De este modo, al llegar a la clínica privada, solo había una técnico, por lo que el equipo completo del 061 (tres profesionales; técnico de emergencias sanitarias, enfermero y médico) se vio obligado a permanecer con ella como soporte y para poder subirla a la camilla.
Para CSIF, según ha denunciado en una nota de prensa, "es lamentable que un Hospital Universitario de primer nivel como el de la capital gaditana no cuente con servicio de resonancia magnética durante los fines de semana por falta de personal, y que el Servicio Andaluz de Salud tenga un concierto con una clínica privada para cubrir esta carencia".
Advierte, del mismo modo, que también es grave que una persona mayor, que fue trasladada en helicóptero hasta Cádiz desde su domicilio en Jimena por una caída, sea nuevamente trasladada desde la UCI del hospital hasta esta clínica, con el riesgo que conlleva tanto movimiento.
“Además, en CSIF consideramos también muy grave que la ciudadanía de Cádiz, San Fernando y Puerto Real se vea no solo afectada por la falta de personal de un centro sanitario público, sino que también se perjudica otro servicio de manera colateral, como ha sido este caso con la ambulancia del 061, al quedar inutilizada durante tres horas”, explican desde la sección sindical.
Ante este caso concreto, que “obviamente se puede volver a repetir”, CSIF alerta de cómo la Administración abandona la sanidad pública, “poniendo en riesgo a los pacientes y a la población, velando solo por mantener convenios con entidades privadas que además, no dan un servicio completo y eficaz, y que suponen un gasto de dinero público”.