Un Juzgado andaluz investiga por primera vez al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por un presunto delito de homicidio por imprudencia grave. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Huércal-Overa (Almería) ha acordado la admisión a trámite de una denuncia penal que apunta a un posible retraso en el cribado sanitario que podría haber resultado determinante en el fallecimiento de un paciente.
El auto que abre las diligencias previas lleva fecha del 9 de abril de 2026 y supone un precedente sin precedentes en la historia judicial de la sanidad pública andaluza. La apertura de la investigación llegó tras la aceptación por parte del juzgado almeriense de la inhibición de un juzgado de Sevilla, que previamente había conocido del caso.
El tribunal consideró que existen "indicios suficientes" que justifican el esclarecimiento de los hechos en sede penal, lo que abre la puerta a que, por primera vez, el SAS tenga que responder judicialmente de forma específica por un posible fallo en el proceso de detección precoz de una enfermedad.
El auto incluye dos diligencias esenciales para avanzar en la investigación: el requerimiento al Servicio Andaluz de Salud para que remita el historial médico completo del paciente fallecido, y la intervención de un médico forense que deberá evaluar si la actuación de los profesionales sanitarios involucrados se ajustó a la "lex artis", es decir, a los estándares de buena práctica médica exigibles en cada caso.
"Un paso decisivo para investigar hechos de extrema gravedad"
La representación legal de la familia denunciante, el despacho Sires Abogados, ha valorado "muy positivamente" la decisión judicial. Su letrado penalista, José Antonio Sires, afirmó que "la admisión a trámite de esta denuncia supone un paso decisivo para que se investiguen unos hechos de extrema gravedad, especialmente en lo relativo al retraso en el cribado sanitario". Desde el despacho se subrayó además que "la detección precoz es un elemento esencial en muchos procesos asistenciales, y su retraso injustificado puede tener consecuencias irreversibles".
Los abogados insisten en que la investigación deberá determinar "si existieron fallos estructurales o asistenciales que derivaron en un resultado fatal", y remarcan que el objetivo de la familia no es únicamente obtener justicia para su caso concreto, sino también "contribuir a mejorar el funcionamiento del sistema sanitario". Una dimensión que va más allá de lo individual y que convierte este procedimiento en un asunto de interés público para todos los usuarios de la sanidad andaluza.
Desde Sires Abogados se reitera el máximo respeto a la presunción de inocencia y la confianza en que la investigación judicial se desarrollará "con rigor, independencia y transparencia". El caso está ahora en manos del juzgado de Huércal-Overa, que deberá analizar la documentación médica y el dictamen forense antes de decidir si procede continuar con la instrucción o archivar las actuaciones.