El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Priego de Córdoba ha acordado autorizar la administración de las vacunas contra el Covid-19 a cuatro usuarios de la residencia Fundación Arjona Valera de dicho municipio cordobés, tras la negativa de familiares y pedir la Fiscalía que se diera autorización para la inoculación.
Según recogen los autos del juzgado, consultados por Europa Press y facilitados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), "en general para cualquier tipo de vacuna y hasta la fecha se considera que la vacunación es voluntaria", aunque "hay marco legal básico para establecer una vacunación forzosa y en particular en caso de epidemias", a lo que agrega que "la administración de esta vacuna resulta beneficiosa" para las personas residentes. Contra las resoluciones caben recursos de apelación ante la Audiencia Provincial.
En concreto, en un caso una hija se niega a prestar consentimiento alegando que "cuando su madre se ha puesto alguna vacuna, como la de la gripe, se ha puesto muy mal". Por otra parte, unos padres se niegan a que le suministren la vacuna a su hijo, usuario de la citada residencia, porque no creen en "los beneficios" de la misma.
Asimismo, la hija de una mujer interna en la residencia se niega a que sea vacunada, porque no se fía de dicha vacuna y expone que "ya pasó el Covid en noviembre y fue asintomática". Y una mujer se niega a prestar consentimiento a que vacunen a su hermana de unos 47 años, usuaria de la residencia, porque "desconoce los beneficios" de la vacuna.
Ante todo ello, la médico forense precisa que no padecen enfermedades que contraindiquen la vacunación y asevera que "el riesgo de padecer efectos secundarios y complicaciones derivadas de la vacuna son mucho menores que las posibles consecuencias de una enfermedad grave por Covid-19".
De otro lado, en un caso, una madre ha dado autorización "libre y voluntaria" en la comparecencia judicial para que se vacune a su hija residente en dicha fundación, después de que inicialmente no quería que la vacunaran, por lo que el juzgado ha archivado las actuaciones.
Mientras, desde el Ministerio Público han detallado a Europa Press que en el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Córdoba hay dos causas pendientes de resolver sobre autorizaciones de vacunas tras la negativa de familiares, así como otro caso en el Juzgado de Primera Instancia número 3.
Además, fuentes de la Fiscalía han apuntado que en la provincia hay otras cinco causas pendientes de resolución, así como una sexta más en la capital, todo ello tras peticiones del Ministerio Público para que sea suministrada la vacuna.
Al respecto, según ha adelantado el fiscal de Mayores, Fernando Santos, al diario digital Cordópolis, se prevé que a lo largo de la semana se irán produciendo las resoluciones del resto de expedientes abiertos, todo ellos relacionados con residencias.
Donde más oposiciones se han registrado ha sido en la residencia de Priego, que acumula siete casos, dos en Pozoblanco y el resto, en centros de Córdoba capital. En palabras del fiscal, las razones esgrimidas han sido "muy peregrinas" y se resumían en que "mejor era esperar a ver cuáles eran los efectos". Cuestión distinta, explica, "es que se justifique cualquiera contraindicación que pueda ocasionar efectos secundarios o alergias".
La oposición de familiares de usuarios de centros residenciales a que sean vacunados, hecho que se ha producido por toda España, ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre el límite de los derechos, "que está cuando se produce un perjuicio a un tercero", apunta el fiscal.
En este sentido, Santos recuerda que en una casa "hay más amplitud de libertad, pero cuando vives con otros y pones en riesgo su salud, el contenido de tus derechos se restringe mucho y, en ocasiones, desaparece".
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