La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía (FSS-CCOO) ha denunciado que las mujeres son derivadas de forma “sistemática” a centros privados concertados para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), incluso cuando podrían ser atendidas en hospitales públicos. Según el estudio elaborado por la organización sindical, esta práctica contradice los principios de la normativa vigente y limita los derechos de las mujeres a acceder al procedimiento dentro del sistema público.
Ante estas acusaciones, la Junta de Andalucía ha respondido que “en Andalucía se aplica la ley y se garantiza el derecho a la interrupción del embarazo”. Además, recuerda que en febrero de 2025 se publicó el proyecto de decreto para crear dicho registro de objetores, actualmente en trámite.
Este proyecto normativo —derivado de la Ley Orgánica 1/2023 y del protocolo aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en diciembre de 2024— tiene como objetivo asegurar una gestión adecuada de los recursos humanos en el Servicio Andaluz de Salud (SAS). El futuro registro permitirá conocer cuántos profesionales rechazan participar en abortos por motivos de conciencia, garantizando al mismo tiempo la protección de datos personales y evitando cualquier tipo de discriminación laboral.
Según la Junta, la aprobación de esta norma es “necesaria y oportuna” para cumplir la legislación estatal y asegurar que el derecho a la IVE se ejerza en condiciones de igualdad y disponibilidad real en toda Andalucía. No obstante, desde CCOO advierten que, mientras el decreto no entre en vigor y no se refuerce la prestación en la red pública, las mujeres seguirán enfrentándose a derivaciones innecesarias, retrasos y costes añadidos que ponen en riesgo su acceso a una atención sanitaria equitativa.
Traslados entre provincias
Desde el sindicato advierten que el argumento del concierto con la privada carece de base sólida, pues los hospitales públicos disponen de medios y personal para asumir estas intervenciones. Además, recuerdan que el criterio de proximidad es esencial para garantizar un acceso “efectivo y sin barreras geográficas” al aborto. Sin embargo, en provincias como Jaén, donde no hay centros acreditados, las mujeres son enviadas a Granada o Sevilla, lo que implica largos desplazamientos y una carga añadida para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.
"Este hecho representa una carga significativa, especialmente para quienes se encuentran en situaciones vulnerables, como las de escasos recursos, las mujeres migrantes o aquellas que ya enfrentan dificultades en el acceso a la atención sanitaria", alertó Paula Sáenz, responsable de Mujeres, Políticas Lgtbiqa+ e Igualdad de la FSS-CCOO Andalucía. Sáenz advirtió además que estos traslados “ponen en riesgo la salud física y emocional” de las pacientes y suponen una vulneración del derecho a una atención “de calidad, cercana y accesible”.
CCOO también critica que Andalucía carezca de un registro de sanitarios objetores de conciencia, tal como exige la Ley Orgánica 1/2023, lo que, según el sindicato, genera opacidad y deja en manos del personal la decisión de realizar o no un procedimiento “legalmente permitido”.