La Escuela Andaluza de Salud Pública nació en los años 80 en el seno de la administración andaluza y hoy cumple, con sede en Granada, con la función de la transferencia de conocimiento hacia la sociedad de elementos que son de la mayor actualidad, en plena pandemia del coronavirus. Sin embargo, no ha pasado el filtro de los informes sobre la administración que ha puesto en marcha la Junta tras un acuerdo con Vox. Ya lo dijo Moreno Bonilla, presidente andaluz, en campaña electoral, y ratificó posteriormente en su acuerdo con Cs, la idea de adelgazar la llamada administración paralela. A ello le empuja Vox.
Jurídicamente, la EASP es una mercantil dependiente de Hacienda, pero es un organismo que trabaja principalmente dentro del organigrama andaluz con Salud. Son cuatro sus ramas de trabajo: formación de profesionales, consultoría (a Andalucía pero también a otras comunidades), proyectos de investigación y transferencia internacional. Es decir, pone en marcha un proceso de conocimiento de la realidad de la salud pública en esos frentes para poder ofrecer contenidos frescos a la atención final.
La consultora Ernst & Young, contratada por la Junta, pide su disolución e inegtrar sus funciones en la Fundación Progreso y Salud, el Instituto Andaluz de la Administración Pública y la Fundación para la Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental. Sería finalizar la marca que ha ganado prestigio en el ámbito de la salud a nivel internacional y romper la cadena de conocimiento que genera a día de hoy. El presupuesto es de unos 12 millones de euros anuales, pero una parte de ellos ya ha comenzado a entrar por proyectos, por lo que uno de los puntos que critica el citado informe, una supuesta falta de organización interna, no tendría como fin mejorarla sino liquidarla.
"Es de tener una cabeza poco salubrista, poco de estar en lo que nos preocupa a todos ahora"
Y todo con un escrito en el informe, al que ha tenido acceso lavozdelsur.es, donde lo más demoledor llega en una hoja sin paginar después del índice y previa al puro escrito, que habla de esa disolución como propuesta del ente contratado por ser independiente. Ya hace un año, antes de la pandemia, se habló del cierre pero no se llegó a cristalizar, al proponer la Junta la creación de un Instituto Andaluz de la Salud, una macroentidad para unificar todo -y, ante el temor de los trabajadores, vaciar de contenido la Escuela-. Ahora, en plena pandemia, cuando menos sentido parecía tener, la Junta parece encaminada a ello. Aunque este periódico no ha logrado contactar con la Consejería de Salud, en una información de eldiario.es niegan que esa sea su intención, pero el informe dice otra cosa.
"El informe en sí es bueno para la Escuela", señala el ex director de la institución Joan Carles March. "Pero luego aparece esa hoja sin paginar. Hablan de la extinción para pasar a Progreso y Salud, que es correcta pero sin el prestigio de la escuela; a la Fibao, que pasa lo mismo, y a la de Administraciones Públicas, que no tiene actividades de salud pública. Es un informe manipulado con el objetivo de seguir las directrices de algunos sectores del PP, porque no hay valoración comparativa con las otras instituciones. Y las conclusiones no tienen en cuenta lo que dice el informe". "Es un traje a medida de la consultora. Ahí está el ex consejero de Hacienda del PP, Alberto García Valera, o Borja Semper, ex del PP vasco, además de otros muchos altos cargos de Rajoy y Aznar"
Y todo, en pandemia. "Es de tener una cabeza poco salubrista, poco de estar en lo que nos preocupa a todos ahora. Hay que tener poca cabeza para plantear una medida de este tipo ahora". En la pandemia, la Escuela ha formado "a 8.000 profesionales sobre la cuestión de vacunas, a 6.000 en rastreo, a 13.000 a profesionales del ámbito sociosanitario, actividades de divulgación, unas jornadas iberoamericanas con presencia de 22 países. Y todo cuando otras comunidades piensan en crear sus propias instituciones como éstas". Una institución colaboradora de la OMS, "reconocidos por la Universidad de Granada por la labor durante la pandemia, por ejemplo".
"En 2019 hemos recibido un 58% de financiación, el resto lo hemos buscado nosotros, no el 80%, como dice el informe"
Ainhoa Ruiz es representante del comité, movilizado ahora contra este informe. "Todo parece que va dirigido al desmembramiento. Sentimos incertidumbre pero no solo por nuestros puestos de trabajo, sino también porque somos científicos y científicas y en este momento queremos dedicarnos al servicio público, no a esto", recela.
En el día a día de la EASP se pone en marcha el citado ciclo de conocimiento de consultoría, docencia, investigación y visión internacional, realimentándose unas ramas de otras para ser lo que es, "un trabajo interrelacionado". Eso se aplica para realizar cursos "que los profesionales ponen en marcha en su práctica clínica, coordinando sectores diferentes como empleo, educación, vivienda y manejo de servicios sanitarios. Trabajamos en la toma de decisiones compartidas, o bioética, salud comunitaria, cómo la situación de un barrio afecta a la salud", señala.
Y todo "con una formación a profesionales que se actualiza, por ejemplo en sus habilidades, porque el profesional no tiene nada que ver con el que salió de la facultad de Medicina", ejemplifica. En la pandemia, "formamos en la estrategia de vacunación, orden, forma, cómo hacerla eficiente y eficaz". Aclarando que "no somos sanidad pública, sino salud pública. Somos la única entidad en Andalucía y trabajamos con el SAS, pero también con sociosanitarios, gestión de salud en atención local, con los profesionales y concejales de los ayuntamientos".
Además, Ruiz rechaza uno de los datos fundamentales del informe. "En 2019 hemos recibido un 58% de financiación, el resto lo hemos buscado nosotros, no el 80%, como dice el informe. Estamos en convocatorias de otras administraciones, nacionales a internacionales, y no entendemos que falle ese dato porque Hacienda, patrón mayoritario, conoce perfectamente nuestras cuentas. Somos sostenibles económicamente, pero nuestra finalidad no es ser rentables, sino asesorar, contribuir, mejorar el sistema sanitario público. Si nos mandan a otras fundaciones y empresas públicas, no podremos volver a hacer este trabajo. No es sensación que nos cierren, sino de la amenaza que es este informe", remacha la representante del comité.
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