La Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Andalucía ha decidido archivar las tres denuncias presentadas contra cinco altos cargos de la Junta de Andalucía por supuestas deficiencias en la atención sanitaria de los programas de detección de cáncer de mama. Entre los denunciados se incluyen dos personas actualmente aforadas, sobre las que la Fiscalía concluyó que no existen indicios de delito tras la instrucción preliminar de los hechos.
Las denuncias fueron presentadas en octubre por la Asociación del Paciente y ampliadas con escritos de dieciséis mujeres afectadas, así como por los partidos políticos Adelante Andalucía e Izquierda Unida Convocatoria por Andalucía. Además de los dos cargos aforados, las denuncias señalaban a otras tres personas no aforadas, entre ellas una exconsejera de Salud, la exviceconsejera de Salud y Consumo y la gerente del Servicio Andaluz de Salud.
Durante la investigación preprocesal, la Fiscalía examinó las declaraciones de las mujeres afectadas, la documentación aportada por la Consejería de Salud, Presidencia y Emergencias y los informes correspondientes al sistema de cribado de cáncer de mama. El decreto de archivo recoge que los hechos denunciados se relacionan con errores o deficiencias en el protocolo, como la ausencia de seguimiento en casos catalogados como dudosos o no concluyentes, la falta de comunicación de resultados, la imposibilidad de identificar a algunas pacientes y la prestación de atención en centros privados o por médicos de atención primaria.
La Fiscalía decidió remitir las diligencias a las fiscalías provinciales de Jaén, Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada y Almería, donde fueron atendidas las dieciséis mujeres denunciantes. El objetivo es que se continúe la investigación de manera que afecte lo menos posible a las víctimas y que se realice en su entorno más próximo, garantizando la correcta práctica de las pruebas y la eventual determinación de responsabilidades.
No hay un patrón común
El decreto subraya que no existe un patrón común que conecte los casos y permita atribuir responsabilidades más allá de los implicados en cada situación concreta. Por ello, la Fiscalía considera que los hechos deben investigarse de manera individual y separada, sin extrapolar conclusiones generales sobre la gestión de los programas de cribado.
Asimismo, el documento señala que algunas denuncias incluyen manifestaciones de carácter general sobre deficiencias del protocolo, sin precisar hechos concretos. La Fiscalía advierte que una investigación más amplia podría vulnerar derechos fundamentales, como la intimidad de las mujeres afectadas y la protección de sus datos sensibles, especialmente en aquellos casos en los que han optado por no someter sus situaciones a la investigación judicial y limitar la revisión al ámbito de la responsabilidad patrimonial de la administración.