Más de 30.000 médicos andaluces estaban convocados este viernes a una huelga nacional de 24 horas impulsada por el Sindicato Médico. La protesta se produce tras la ruptura de las negociaciones con el Ministerio de Sanidad sobre la reforma del Estatuto Marco, un documento clave que regula las condiciones laborales del personal sanitario. Según datos de la Consejería de Salud y Consumo, en Andalucía la movilización fue secundada por unos 15.000 profesionales, lo que representa un 50,12% del total del colectivo médico en la comunidad. La estimación del Sindicato Médico ha llegado al 95%.
El seguimiento ha sido calificado como significativo por la propia administración, especialmente en comparación con convocatorias anteriores. En 2023, una manifestación también organizada por el Sindicato Médico apenas superó el 2% de participación regional. En esta ocasión, el respaldo ha sido más amplio y homogéneo en las distintas provincias andaluzas, con cifras que oscilan entre el 34% y el 56%.
La protesta ha contado con una alta participación en Sevilla, donde más del 56% de los facultativos se sumaron al paro. En Málaga el porcentaje alcanzó el 52,79%, y en Almería fue del 54,72%. Otras provincias como Cádiz, Córdoba, Granada y Huelva también registraron niveles superiores al 40%, mientras que Jaén se situó algo por debajo, con un 34,23% de seguimiento.
Los convocantes denuncian unas condiciones laborales que consideran incompatibles con la calidad asistencial y la salud del personal sanitario. Entre sus principales quejas se encuentran la sobrecarga de trabajo, la dificultad para conciliar la vida laboral y familiar, y el temor a un deterioro progresivo de la sanidad pública si no se corrigen estos problemas estructurales.
Las propuestas de la Junta
Desde la Junta de Andalucía se ha expresado preocupación por el contenido del borrador del nuevo Estatuto Marco, al considerar que no se ha contado con la participación de las comunidades autónomas en su redacción. La consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, ha advertido de que el texto invade competencias regionales en aspectos como las plantillas orgánicas, la planificación de recursos humanos o la convocatoria de oposiciones.
Además, la Consejería ha señalado la ausencia de una memoria económica y de un plan de financiación que respalde los cambios propuestos. Sin una dotación presupuestaria adicional, el Gobierno andaluz sostiene que resultará inviable aplicar las reformas. La administración autonómica ha reclamado un compromiso del Ejecutivo central en este sentido, así como la elaboración de un cronograma claro. También ha vuelto a plantear la necesidad de un Pacto Nacional por la Sanidad que garantice la sostenibilidad del sistema y el consenso entre las distintas administraciones.