La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, será investigada en la causa reabierta de las muertes en residencias durante la pandemia. Los protocolos establecidos por el Gobierno autonómico están en cuestión.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Collado Villalba, a instancias de la Audiencia Provincial, reabre así la causa contra Ayuso, después de aceptar el recurso de una familia, archivado en primera instancia.
En el auto se pide que se reabra la investigación "con la práctica de las diligencias pertinentes y necesarias para poder concluir si concurren o no indicios de la comisión de un delito de homicidio o lesiones imprudentes y/o omisión del deber de socorro".
Este auto judicial pretende dilucidar si Ayuso y sus exconsejeros de Sanidad e Interior, Enrique López y Enrique Ruiz Escudero, respectivamente, tienen responsabilidad en la muerte de personas mayores que estaban en residencias durante la primera ola del covid, incurriendo en un presunto delito de "homicidio o lesiones imprudentes y/o omisión del deber de socorro".
El Juzgado pide que declare como testigo Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales durante esa etapa, así como también Carlos Mur, ex director de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, y Yolanda Fuentes, antigua directora de general de Salud Pública.
El auto solicita los protocolos de coordinación para la atención a pacientes institucionalizados en residencias de personas mayores de Madrid durante la primera ola, adoptados por la Dirección General de Coordinación Socio-Sanitaria; así como los recursos sanitarios y EPI facilitados por la Comunidad de Madrid a las residencias.
Familares y asociaciones médicas llevan desde 2020 denunciando la gestión de la Comunidad de Madrid en las residencias, a través de los conocidos como protocolos de la vergüenza, que impedían el traslado al hospital de miles de mayores enfermos que vivían en residencias si tenían un alto nivel de dependencia o de deterioro cognitivo.
El exconsejero Reyero asegura que estos protocolos "excluía a las personas en función de su situación de dependencia o discapacidad; eso impidió que se les atendiera en los hospitales y ocasionó que las personas que se quedaron en las residencias fallecieran en unas condiciones que yo considero indignas".
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