No era un farol, ni mucho menos. La Orden que salió a la luz hace unas semanas y que por primera vez ponía precio a privatizar la Atención Primaria ya no es un documento que se esté tramitando. Desde este dos de marzo, todo está reflejado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. A partir de este mismo viernes, estará en vigor.
El documento contiene una serie de precios en diferentes tratamientos e intervenciones que ya se concertaban anteriormente con empresas privadas de salud y que únicamente actualizan sus precios.
La novedad viene en la última página de la publicación, donde a demás de establecer precios para poder derivar consultas de Atención Primaria, también queda reflejado el hecho de que "estas tarifas máximas se corresponde con consultas realizadas en las instalaciones de las empresas adjudicatarias, caso de no realizarse la prestación del servicio en dichas instalaciones la tarifa máxima se verá reducida al 35%".
UGT ha sido la primera organización sanitaria en reaccionar a esta norma calificándola como una imposición. Señala el sindicato que desde la consejería de Salud se les había trasladado que era un borrador que había que negociar. Las cifras no han cambiado: 65 euros una consulta médica de Atención Primaria, 150 euros primera consulta, 90 euros consultas sucesivas y 215 euros la consulta de alta resolución.
La organización califica de "gravísimo" el hecho de "poner a los pies de grandes empresas la privatización de una Atención Primaria cada vez más dejada". UGT denuncia la falta de negociación y el "ataque directo" que supone a la "base de nuestra Sanidad Pública".
Además, su portavoz en este sector, Antonio Macías, cree es un mensaje hacia los profesionales. "O aceptas la precaridad de tu trabajo, o lo privatizo. O admites trabajar 12 horas seguidas habiendo 60 o 70 enfermos o te advierto de que te puedo poner a un compañero de una empresa privada en tu misma consulta para que trabajes a destajo", expresa Macías.
La Junta, hasta el momento, ha rechazado que vaya a privatizar el servicio argumentando que es una medida para no depender del mercado en el caso de que haya una catástrofe o se produzca una nueva pandemia. Sin embargo, otra de las cuestiones que ha deslizado la consejera de Salud es que esta Orden se aprueba como consecuencia a la falta de médicos.
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