El abogado de la Asociación Amama, Manuel Jiménez, ha anunciado este domingo su intención de presentar una demanda contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para reclamar una indemnización en favor de Anabel, una de las primeras mujeres afectadas por los fallos detectados en los cribados de cáncer de mama en Andalucía. La iniciativa judicial se produce tras meses sin respuesta por parte de la administración autonómica a las reclamaciones formuladas.
Según ha explicado la presidenta de Amama, Ángela Claverol, en declaraciones a RNE, la Junta de Andalucía no ha contestado a la solicitud presentada hace más de seis meses. Esta falta de respuesta ha llevado a la asociación a dar el paso hacia la vía judicial, al considerar agotadas las posibilidades de resolución administrativa.
En una entrevista concedida a Radio Sevilla, Jiménez ha detallado la magnitud del problema, señalando que actualmente existen 160 reclamaciones patrimoniales en curso. A estas se suman "unas 50 o 60 en manos de las propias mujeres pendientes de su presentación, y unas 40 o 50 aproximadamente pendientes de estudio y confirmación", lo que refleja el alcance del conflicto derivado de los fallos en los programas de detección precoz.
El letrado ha justificado el inicio de las demandas judiciales al afirmar que la Junta "no atiende el requerimiento alguno ni atiende a darnos otro tipo de solución". En este contexto, ha avanzado que prevén comenzar a presentar demandas de forma progresiva a partir de finales de abril o principios de mayo, "una tras otra", conforme vayan venciendo los plazos administrativos.
Sin requerimientos de la Junta
Jiménez ha subrayado además que el caso de Anabel, el primero en ser presentado, resulta especialmente llamativo, ya que es el único en el que no han recibido "absolutamente ningún requerimiento" por parte de la administración. Según ha indicado, el Gobierno andaluz no ha solicitado "ningún papel" en relación con este expediente concreto.
El abogado también ha denunciado la falta de comunicación con la Junta, asegurando que ha intentado contactar "más de 50 veces" sin obtener respuesta, tanto por vía telefónica como por correo electrónico. "Evidentemente queríamos evitar un suplicio para las mujeres con unos procedimientos judiciales que son largos, costosos y en cualquier caso generaron un sufrimiento", ha señalado. A su juicio, la administración "se niega a disculparse, a pedir perdón y, por supuesto, a resarcir a las mujeres", lo que considera la única vía para ofrecer una reparación adecuada a las afectadas.